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La aprobación por parte del Congreso de la República de la Ley TIC ayudará a modernizar el sector de las telecomunicaciones. Sin embargo, para que sectores como la salud, la educación, la cultura y el deporte empiecen a sentir los beneficios de la nueva Ley y para que el reto del sector de masificar la tecnología y así transformar la realidad de los colombianos se consolide, es apremiante que el Gobierno agilice su reglamentación. Solo de esta manera se podrán obtener los beneficios en el desarrollo y la equidad que se promueven con esta nueva carta de navegación del sector.
Hoy el retraso tecnológico en Colombia es evidente. Por ejemplo, nuestra velocidad promedio para internet es tres veces menor a la del promedio de los países de la Ocde. En este punto, vale la pena resaltar que estudios recientes del DNP estiman que un aumento de velocidad de 1 Mbps en banda ancha puede aumentar el PIB per cápita colombiano en un 2,9%, lo cual aporta directamente sobre los objetivos de equidad incluidos en el PND recientemente aprobado.
A lo anterior se le añade, los efectos que tiene sobre la productividad, indicador que en el periodo 2012-2018 registra para todos los años un decrecimiento y estancamiento según cifras de la The Conference Board Total Economy Database (en 2017 y 2018 hubo por ejemplo una reducción de 2,1% y 0,3%).
En cuanto a acceso la divergencia y retraso es similar. Mientras que en los países de la Ocde hay más conexiones de internet móvil que personas, en Colombia solo cinco personas por cada diez disfrutan del internet desde algún dispositivo móvil.
Los decretos reglamentarios y la voluntad política terminarán de asegurar las condiciones para que se generen inversiones del orden de $90 billones hasta 2030, y se estimule la inversión privada en una proporción cercana a los $75 billones. En momentos en los que el país requiere acciones que consoliden el desarrollo productivo y social, la operatividad de esta Ley permitirá promover la inversión y consolidar la economía digital.
Solo así se dará un verdadero cierre de la brecha digital, porque se darán las condiciones para la ampliación de cobertura, el mejoramiento de la velocidad de banda ancha y la alfabetización digital de toda la sociedad.
Sobre este tema los dos datos más certeros, reflejados en la Encuesta de Calidad de vida del Dane 2018, muestran que la penetración del internet es de 52,7% en el país, donde en las zonas urbanas llegan a 63,1% y los centros rurales y/o dispersos la cifra es solo de 16,2%. Lo anterior implica que hay más de 7,33 millones de hogares sin conectar de los cuales más de 2,8 millones de hogares son rurales, y se concentran en su mayoría, en los niveles socioeconómicos más bajos.
Las nuevas reglas de la asignación del espectro radioeléctrico, la creación de un regulador convergente para el sector integrado por dos juntas y la creación de un Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, son un avance en la modernización del sector. De igual forma, es necesario avanzar rápidamente en la reglamentación de temas de lucha contra la piratería y la informalidad en el sector audiovisual, el establecimiento de tarifas transparentes y no discriminatorias por parte de las sociedades de gestión colectiva, continuar con la simplificación normativa, generar incentivos para la generación de contenidos con calidad, para así hacer de Colombia un país mejor conectado y listo para los retos que la cuarta revolución industrial trae.
