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En sus dos últimas ediciones, The Economist alerta sobre la nueva ola de proteccionismo que se cierne sobre la economía global. Es un proceso que se hizo manifiesto con la política de “Primero América” del presidente Trump y que ha encontrado continuidad en la administración Biden. En efecto dos actos legislativos emanados del congreso de los Estados Unidos dieron forma a la nueva política proteccionista que se expresa en restricciones al comercio y subsidios. Se trata de la Ley de Reducción de la Inflación y la Ley de Microprocesadores.
La primera más que una compilación de normas para combatir la inflación traza un camino para la reindustrialización con billones de dólares en subsidios, centrados principalmente en la industria relacionada con el cambio climático y la segunda igualmente con grandes subsidios para el desarrollo industrial de microprocesadores a la vez que restringe la venta de estos a China.
El proceso de globalización que de manera creciente dominó el mundo desde 1945 está amenazada y con ello surge la inquietud sobre los efectos que esta realidad tendrá sobre la eficiencia de la producción global y por ende en los costos. Producto de esta globalización se construyeron cadenas globales de valor que permitieron niveles de eficiencia desconocidos y fuentes diversas de suministro acompañados de innovación y nuevos desarrollos tecnológicos. Cuatro circunstancias aceleraron el proteccionismo; El afán de protección de la industria doméstica ante los déficits comerciales, la pandemia, la guerra de Ucrania y la lucha por la hegemonía global entre China y los Estados Unidos pusieron.
Los grandes déficits comerciales que registró la balanza comercial de EE.UU. en las últimás tres décadas principalmente con China, pero igualmente con muchos otros países del mundo llevó a una política proteccionista que se hizo manifiesta con las restricciones impuestas a bienes procedentes de China y la renegociación del Nafta ambas acciones buscando nivelar la balanza comercial con sus tres principales socios comerciales.
La invasión rusa a Ucrania puso de presente la fragilidad de las cadenas de valor y de los procesos de comercio cuando estos dependen de países que no necesariamente son amigos. Con este conflicto no solo se puso en riesgo el suministro de alimentos, sino que países como Alemania vivió en carne propia el costo de depender del suministro de gas de una nación potencialmente enemiga. Igualmente, las restricciones logísticas que impusieron las cuarentenas durante la pandemia llevaron a revaluar la conveniencia de mantener cadenas de suministros procedentes de otros países lo que llevó a pensar en fórmulas de “reshoring” o “nearshoring”.
Lo que se esconde detrás de estas nuevas políticas revive la teoría que el comercio exterior es un juego a suma cero (Krugman) en el cual lo que gana un país con protección lo pierdo otro país negando las eficiencias del intercambio lo que según The Economist esto puede generar sobrecostos que oscilan entre 3% y 5% del PIB. En esta guerra los países ricos son los ganadores.
Colombia, que no tiene el músculo para generar los subsidios que acompañan estas políticas y busca la reindustrialización mediante fórmulas de protección, generará ineficiencia cuyos costos no se han cuantificado y sobre costos para los consumidores que profundizará la brecha entre ricos y pobres. ¿Ya se empezó con el sector textil confecciones, pero seguirán otros?
