La crisis provocada por el covid-19 ha traído una nueva realidad laboral, o más bien ha acentuado una realidad que ya vivíamos y que nos negamos a aceptar manteniendo estructuras que no reflejan la realidad. Esta nueva realidad o realidad aumentada se reflejan en las cifras de empleo del Dane del trimestre junio, julio y agosto, en las cuales se muestra un desempleo cercano a 17% y una informalidad de 47%.

Es decir, que prácticamente las tres cuartas partes de la fuerza laboral se encuentra por fuera del marco formal de empleo o del mercado laboral totalmente y obviamente cuando la mayoría está por fuera del marco institucional o “la normalidad” es que ese marco institucional está equivocado y esa normalidad es anormal.

Estas cifras agregadas son más dramáticas cuando se desglosan por ciudades. En Cúcuta, ciudad que sufre de manera más contundente el embate de crisis migratoria, la informalidad es de 68,8% mientras que el desempleo abierto está cercano a 28%, lo que significa que 97% de los trabajadores no encaja dentro de esa camisa de fuerza laboral que persiste a pesar de la realidad. Al quedar excluido 97% de la fuerza laboral, quedan en esta ciudad excluidos prácticamente todos los trabajadores de la posibilidad de una seguridad social estable y una esperanza de pensión.

Si bien esta es la ciudad con los peores números, hay otras que se acercan a esta dramática situación como es el caso de Sincelejo donde desempleo e informalidad suman 88% de la fuerza laboral, en Armenia donde suman 80% e Ibagué donde los que están fuera suman 81%. Esta es también la realidad en ciudades grandes como Cali, ciudad en la cual estos dos guarismos llegan a 76% y Medellín que suman un 69%.
Las cifras hablan por sí solas. No podemos seguir pensando que el marco laboral es el adecuado cuando la mayoría está fuera de él. Se pregona a cuatro vientos el impulso a la microempresa y al emprendimiento y obviamos mencionar que en estas empresas la informalidad está por encima de 90%. Como sucede a menudo en Colombia, en muchas materias la norma va por un camino mientras la realidad va por otro bien distinto. Si no concuerda la realidad con la norma hay algo que anda mal y claramente lo recomendable es cambiar la norma y adecuarla a la realidad de manera que en ella quepa la totalidad de la fuerza laboral.

Cuando se habla de reforma laboral, una necesidad que nos atropella y que se hizo más evidente en la crisis de la pandemia, surgen las voces de las fuerzas laborales privilegiadas que se oponen a cualquier iniciativa que permita resolver de una vez por toda esta realidad. Es necesaria una flexibilidad laboral que no debe entenderse como una argucia de los grandes capitales por arrebatarle el sustento a los trabajadores.

¿A cuáles trabajadores? ¿A ese 80% o 90% que por fuera del marco institucional? Seamos serios.

Por flexibilidad laboral debemos entender la diversidad de condiciones en la realidad nacional. El poder adquisitivo de un salario mínimo no es igual en la ciudad que en el campo ni en una ciudad pequeña que una grande. Las condiciones de empleo y la carga laboral no pueden soportarse de igual manera en una gran empresa que en una pyme o una microempresa.

El país necesita tener la audacia y la imaginación para adecuar sus normas laborales a su realidad laboral sin desmejorar las condiciones del mercado formal.

La pregunta es: ¿Quién le pone el cascabel al gato?