Lecciones de mercado para la fatal arrogancia

Recientemente, la Superintendencia de Industria y Comercio ha enviado requerimientos a diversas empresas, exigiendo explicar sus “parámetros para fijar precios”, sus “márgenes de ganancia mínimos” y la lógica de sus algoritmos. El cuestionario revela una gran ignorancia sobre la naturaleza del proceso de mercado, asumiendo una visión mecanicista y de costos que la ciencia económica refutó hace más de un siglo. Ante la intromisión del burócrata que pretende vigilar lo que, por definición, no puede entender, esta es la respuesta sugerida que todo empresario debería enviar:

Señores, Superintendencia de Industria y Comercio: Damos respuesta a su requerimiento no porque reconozcamos en su entidad la capacidad técnica para auditar la cooperación social, sino para dejar constancia de los profundos errores conceptuales que fundamentan su vigilancia. Su solicitud parte de la fatal arrogancia de creer que una oficina central puede entender la información dispersa y subjetiva que coordina nuestra actividad.

Es imperativo aclarar, en primer lugar, que ustedes parten de la premisa falsa de que el precio es un parámetro que nosotros imponemos unilateralmente. El precio no se “fija”; se descubre. Es un fenómeno social resultante de la interacción libre, donde nosotros simplemente proponemos términos de intercambio basados en la estimación de la valoración subjetiva del consumidor. Cualquier intento de parametrizar este proceso de descubrimiento bajo criterios jurídicos estáticos es una distorsión artificial que, lejos de proteger, solo logrará generar escasez.

Asimismo, su indagación sobre nuestros márgenes denota una incomprensión de la causalidad económica más básica: los costos no determinan los precios; son los precios esperados los que justifican los costos. No operamos sumando gastos para agregarles después un “margen justo” arbitrario. El valor reside en la mente del consumidor, no en nuestros libros contables, y si el mercado no valida nuestra propuesta, el margen desaparece. Pretender vincular mecánicamente nuestros costos de importación al precio final es desconocer que el lucro no es un derecho, sino un residuo de la eficiencia.

De igual forma, la gestión de nuestros inventarios y la aplicación de descuentos no obedecen a una generosidad regulatoria, sino a la necesidad económica de liquidar el mercado y a la preferencia temporal del dinero. La disponibilidad afecta el precio porque la escasez es una realidad económica ineludible, no una conspiración empresarial. Y, en cuanto a la volatilidad de la tasa de cambio, operamos en una realidad monetaria distorsionada por la emisión centralizada que el Estado administra; por tanto, ajustamos los precios basándonos en el costo de reposición futuro para evitar la descapitalización, sin pedir permiso para defender el patrimonio de la empresa ante la devaluación de la moneda.

Finalmente, respecto al uso de tecnología, mientras ustedes utilizan burocracia para intentar auditar el pasado, nosotros utilizamos algoritmos para procesar la información del presente. Nuestros sistemas no manipulan; resuelven el problema del cálculo económico procesando millones de datos dispersos que ningún planificador central podría jamás abarcar. Cumplimos con informar, pero rechazamos la premisa de que su intervención aporte valor; cada traba administrativa es un impuesto a la eficiencia que termina pagando, inevitablemente, el consumidor al que dicen proteger.