Ojo con el Congreso

Que Colombia cierre un periodo legislativo con los expresidentes del Senado y de la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, privados de la libertad, no es una anécdota política ni un dato más en la página judicial: es una imagen poderosa y vergonzosa de lo que ocurre cuando el Congreso deja de cumplir su función esencial y se convierte en un espacio sin controles, sin límites y sin consecuencias.

Esa fotografía debería bastar para entender lo que está en juego este 8 de marzo, porque los congresistas que elijamos serán quienes tengan la responsabilidad de vigilar al próximo gobierno, de revisar cómo se gasta cada peso público, de exigir explicaciones y de impedir que la corrupción vuelva a instalarse como una práctica tolerada en el corazón del poder.

No se trata de un caso aislado ni de una mala coincidencia. Estamos hablando de uno de los escándalos políticos más graves de los últimos años, con congresistas investigados, redes de corrupción enquistadas y un sistema de silencios que funcionó durante demasiado tiempo. Hoy, varios de esos nombres buscan repetir curul confiando en el olvido y en la fragilidad de la memoria colectiva, como si nada hubiera pasado, como si el país no hubiera aprendido nada.

Elegir bien implica entender que la sanción política empieza en las urnas y que no todo el que quiere quedarse merece hacerlo. El Congreso no es un premio ni una plataforma personal; es un filtro institucional que debe proteger al Estado de los abusos del poder, y cuando ese filtro falla, el daño se mide en recursos perdidos, obras inconclusas y confianza rota.

Este mismo periodo legislativo también dejó claro que el control político sí es posible cuando hay carácter. Congresistas como Katherine Miranda, Jennifer Pedraza y Katherine Juvinao asumieron el costo de denunciar, de hacer seguimiento riguroso a contratos y decisiones del Ejecutivo, de incomodar al poder y de insistir incluso cuando hacerlo significaba enfrentarse a mayorías y a maquinarias, demostrando que el Congreso no está para acompañar gobiernos, sino para vigilarlos.

En esa misma línea aparece Daniel Briceño, cuya labor de veeduría y seguimiento a los recursos públicos ha recordado que la vigilancia no puede ser ocasional ni selectiva, porque en un país con corrupción estructural el control debe ser permanente y sin concesiones.

Colombia llega a estas elecciones con cientos de candidatos valiosos desde distintos nichos ideológicos, una diversidad que fortalece la democracia siempre que exista una línea clara frente a la corrupción, porque el pluralismo no puede servir de excusa para normalizar la mediocridad, el clientelismo o el silencio cómplice.

Mientras el país atraviesa una emergencia invernal que ha dejado comunidades enteras esperando ayudas que no llegan, obras a medio hacer y recursos que desaparecieron, resulta imposible no conectar esa incapacidad de respuesta con años de corrupción y de plata robada que alguien debió vigilar y frenar.

Elegir bien este 8 de marzo no es un gesto simbólico ni una consigna emotiva; es una decisión urgente que define si el próximo Congreso será un contrapeso real o una extensión del poder, y el país ya sabe con claridad cuánto cuesta equivocarse.