El agua del petróleo

En medio de los debates acerca del efecto de la actividad extractiva de hidrocarburos en el recurso hídrico, plagadas de mala ciencia (inaceptable) y luchas ideológicas (bienvenidas en democracia), el Alcalde del Municipio de Arauquita manifestó en días pasados su preocupación por el efecto ecológico de largo plazo del proyecto Caño Limón. Paradójicamente, uno de ellos es una externalidad inesperada, producto de la buena calidad del agua que emerge de los pozos mezclada con el crudo y que el proceso de tratamiento de la empresa (Oxy/Ecopetrol) garantiza, hasta el punto de poder verterla al medio natural: se genera una oferta adicional de caudal del cual se han aprovechado no solo la flora y fauna de las sabanas del departamento, sino centenares de personas que hoy día dependen de ella, pues el subsuelo no conoce de sequías. Agricultura irrigada con cargo no contabilizado a la economía del petróleo.

La disponibilidad persistente de agua en un ambiente estacional como la Orinoquia se convierte en la superación del determinante ambiental más crítico, donde según la Ley de Liebig se sitúa el eslabón más débil de la funcionalidad de un sistema biológico. El escenario futuro es delicado, sin embargo, pues tan pronto se agote el crudo hacia 2025, también dejará de fluir el agua, colapsando el sistema social y ecológico que se ha construido con ella. Medio siglo de prosperidad local derivada de una condición no prevista de la conexión entre la actividad extractiva y las actividades agrícolas se pueden venir debajo de no construir escenarios alternativos robustos; la flora y la fauna echarán de menos el paraíso, pero la gente que hoy ya depende del recurso, sufrirá.

El agua derivada del petróleo demuestra que muchas de las afirmaciones sobre la relación entre ambos productos son generalizaciones incorrectas y que los modelos de gestión requeridos implican reconocer otra clase de vasos comunicantes. La persistencia de la explotación del crudo en Arauquita también ha traído como consecuencia reciente la invasión y tala de bosques y humedales por parte de colonos, arroceros y ganaderos, que incluso han destruido áreas recuperadas por el manejo ambiental asociado con el cumplimiento legal de la licencia. La falla común, las limitaciones a la gobernabilidad del territorio y aplicación del POT, imposible de garantizar para el municipio en medio del conflicto armado.

Como corolario, se discute el problema de la delimitación y gestión del humedal del Lipa, área crítica para la incubación de peces y que hoy se deteriora ante los ojos de todos, más enfrascados en identificar culpables convenientes y no de actores responsables con posibilidades de cambio: la deforestación de las vertientes del Cocuy, la canalización y captura ilegal de caños aguas arriba, las causas más probables de la disminución del nivel de los esteros y la desaparición de su conexión con los grandes ríos que nacen de ellos, entran en colisión con la percepción del riesgo de operaciones petroleras, afectada más por el descontento en la distribución de regalías que por los datos empíricos.

En la perspectiva de los diálogos con el ELN es necesaria y bienvenida la politización del manejo de las contribuciones de la naturaleza al bienestar, pero de la mano del conocimiento abierto y concertado de las dinámicas sociales y ecológicas del territorio, no de la especulación electoral.