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La semana pasada, Rodrigo Uprimny, exdirector de Dejusticia, encendió la polémica acusando al presidente Uribe de tener la responsabilidad penal, política y moral sobre los falsos positivos, narrativa que viene utilizando la izquierda desde hace varios años. Basan su posición en la teoría de responsabilidad de mando del derecho penal internacional, insistiendo que así él no hubiera dado la orden, por su estilo de mando tenía que saber. Lo interesante es que aplican esa doctrina sin siquiera mencionar a Juan Manuel Santos, su otrora ministro de Defensa, quien era el superior jerárquico de quienes cometieron esos delitos durante ese periodo.
Como medio de prueba, basan su teoría en versiones amañadas de militares separados de sus cargos por estos delitos y de paramilitares extraditados por el mismo Uribe. Todos los opositores históricos del expresidente -y acérrimos defensores del proceso de paz de Santos y la justicia transicional-, ahora ven en los antiguos paramilitares de las AUC una especie de ‘nuevos superhéroes’.
De manera selectiva estos “juristas y académicos”, olvidaron las masacres, los desplazamientos forzosos de comunidades, y las extorsiones contra empresarios, comerciantes y ganaderos. Sus vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado. Tampoco les interesa cuestionar su intención o motivación de colaboración con la justicia transicional; las contradicciones en las que incurren de tiempo, modo y lugar; los falsos testimonios que han rendido en otros procesos; y la falta de compromiso y reparación a sus víctimas.
Tienen una visión bastante parcializada cuando se les pregunta por los resultados de la JEP en los casos de las Farc como el secuestro masivo, el reclutamiento de menores, o el abuso sexual de niñas y mujeres en sus filas -entre otros-. Siempre traen a colación los falsos positivos y la responsabilidad del Estado como mecanismo para justificar su sesgo ideológico.
En su análisis de contexto, poco hablan de la situación de inseguridad y amenaza en la que se encontraba el país cuando Uribe llegó al poder. El acecho terrorista de las Farc a ciudades y poblaciones. La descomposición moral y profesional de nuestras Fuerzas Armadas y de Policía, que requirió del Plan Colombia para lograr una transformación institucional. La debilidad de la Rama Judicial como consecuencia del genocidio del Palacio de Justicia y el desbarajuste institucional que ocasionó la Constitución del 91. Y menos de la infiltración del narcotráfico en todas las instancias de la sociedad -que nos otorgó el estatus de Estado fallido durante el famoso Proceso 8.000- y que corrompió tanto a guerrillas como a paramilitares.
Poco reconocen los logros del Plan Colombia y de la Seguridad Democrática, como políticas públicas para recuperar el Estado de manos del hampa. El sometimiento a la justicia de las AUC y su posterior extradición. Y cómo bajo su liderazgo se logró debilitar a las Farc y revertir la balanza a favor del Estado.
Con esto no pretendo desconocer la gravedad de los falsos positivos y el daño que causaron a muchas familias. El presidente Uribe ha sido el primero en dar la cara y afrontar política y moralmente este triste episodio. Pero si en verdad queremos justicia, paz y reparación, hay que empezar por quitar los sesgos ideológicos y dejar de aplicar una justicia vengativa y selectiva. Se equivocan quienes consideran que, con la cabeza de Uribe en una estaca, llegará la paz para Colombia.
