Contradicción de narrativas

La narrativa oficial es culpar por gran parte de los problemas que tiene el país al nivel de las tasas de interés y, por esa vía, al Banco de la República.

Los ejemplos abundan. Según el Gobierno Nacional, que el PIB no crezca más, el bajo nivel de inversión, el desplome del sector vivienda y, algunas veces, hasta el cambio climático, dependen exclusivamente de las tasas de interés de la economía y del Emisor, que no las baja.

Esa obsesión por uno de los precios más importantes de la economía impide ver que, de pronto, hay otros determinantes para algunos resultados sectoriales. Allí sobresalen, por ejemplo, los niveles de incertidumbre para el sector privado y los lineamientos de la propia política pública.

Pero lo más sorprendente es que, mientras se quejan ruidosamente del elevado precio del dinero, callan convenientemente frente a la subida que ha tenido el precio del empleo formal. Esta contradicción muestra que la narrativa termina siendo más ideológica que basada en la evidencia.
En efecto, en el caso del empleo formal lo que encontramos es que su contratación es cada vez más costosa que lo que encontró este gobierno cuando llegó, que ya era suficientemente alta.

Esto ocurre por decisiones de política pública recientes como la reforma laboral y los incrementos desmedidos del salario mínimo, que terminan incentivando la ocupación informal. Esto se evidencia en cifras que muestran que, a pesar de la fuerte contratación pública -que por lógica debe ser formal-, el nivel de empleabilidad por cuenta propia sigue superando el 45% del total.

Por su parte, las tasas de interés altas también vienen determinadas por decisiones gubernamentales ante las cuales la autoridad monetaria debe responder. El creciente gasto público y su efecto en la demanda agregada terminan generando una dependencia fiscal sobre la inflación. Si a eso le sumamos la decisión de subir el salario mínimo por fuera de parámetros técnicos, encontramos fuerzas que presionan al alza todos los precios de la economía y frente a las que el BR debe actuar. Incluso, la evidencia muestra que, si queremos contener las expectativas crecientes de inflación y que esta cierre por debajo de 7% en 2026, el Emisor tendría que hacer incrementos en su tasa de referencia hasta niveles cercanos al 12%.

Así, si bien el ideal es tener precios del dinero y del empleo formal bajos para incentivar el crecimiento y el empleo de largo plazo, en Colombia ocurre exactamente lo contrario. La diferencia en el tratamiento es que, en materia de tasas, hay a quién echarle la culpa y no responsabilizarse de las decisiones propias, mientras que en el caso laboral es mejor evitar el debate y camuflarlo con cifras globales de desempleo que ocultan la creciente informalidad.

Al final, en vez de estar discutiendo sobre precios, que son el resultado de las decisiones tomadas, como sociedad deberíamos empezar a exigir que se ataquen las causas directas de lo que está pasando. Si queremos incentivos al empleo formal, es necesaria una política pública que reduzca algunos costos no salariales para contratar una persona y evite saltos mayores en el salario mínimo. Por su parte, si queremos que se reduzcan las tasas, es necesario evitar alzas exageradas en los bienes regulados y volvernos disciplinados fiscalmente.

Esta es una buena época para este debate. ¿Será que algún candidato presidencial se le mide al tema?