El fraude digital: la amenaza que Colombia debe enfrentar

La próxima vez que reciba una llamada de su banco advirtiéndole de un movimiento sospechoso, deténgase: podría ser su banco o una voz sintética generada por inteligencia artificial diseñada para robarle. Esa diferencia -cada vez más difícil de detectar- resume el desafío más urgente que Colombia no está discutiendo mientras avanza en su transformación digital.

La Cámara de Comercio Internacional publicó en marzo un documento de política que describe con precisión lo que ocurre: el fraude digital ya no es obra de delincuentes aislados. Es una industria organizada y transnacional, con divisiones por idioma, especialización por tipo de víctima y modelos de negocio como “fraude como servicio”. Los sindicatos que operan solo en la región del Mekong han robado más de US$43.800 millones a nivel global. América Latina -incluida Colombia- está en su mira.

Los datos locales obligan a la acción. Cerca de 80% de los usuarios bancarios colombianos asegura haber sido víctima de intentos de fraude y las pérdidas por suplantación de identidad podrían superar los $50 billones en 2025. En el primer semestre de 2025 se registraron más de 218.000 reclamaciones en canales financieros, según Asobancaria, y el fraude en servicios financieros casi se triplicó en un año. Empresas de servicios públicos y plataformas digitales enfrentan el mismo embate.
Lo que hace aún más urgente este frente es la irrupción de la inteligencia artificial en manos de los defraudadores. Los deepfakes de voz para suplantar a ejecutivos, los mensajes de smishing -textos fraudulentos para robar información- y las páginas clonadas, indistinguibles del original, ya no son amenazas futuras: ocurren en Colombia hoy.

Ante esta realidad, el marco de gobernanza colombiano evidencia una brecha crítica. En 2024 se registraron más de 70.000 incidentes cibernéticos, según el Centro Cibernético Policial, y solo en enero del corriente año se contabilizaron 4.696 denuncias por delitos informáticos, de acuerdo con informes de Asobancaria. Sin embargo, la capacidad de bancos, operadores y plataformas para compartir inteligencia entre sí sigue limitada por un régimen de protección de datos que no contempla mecanismos de “puerto seguro” para quienes actúan de buena fe. El resultado: cada sector defiende su propio perímetro, mientras los criminales cruzan libremente todos los límites.

Colombia tiene una oportunidad concreta: liderar en América Latina la construcción de un modelo de cooperación antifraude que articule, en tiempo real, a operadores de telecomunicaciones, entidades financieras, plataformas digitales y autoridades. No se trata de añadir más obligaciones regulatorias sobre los actores de siempre; se trata de gobernanza: definir quién comparte qué información, con quién y bajo qué garantías, de manera que todos los actores del ecosistema -no solo los operadores- tengan tanto la responsabilidad como los habilitadores legales para actuar. La Estrategia Nacional de Seguridad Digital 2025-2027 del MinTIC es un paso, pero requiere ese componente operativo de colaboración intersectorial con el que hoy no cuenta.

La confianza digital es el cimiento de todo lo demás. Sin ella, la inclusión es una puerta abierta al fraude y la inteligencia artificial es una herramienta que los criminales adoptan más rápido que los propios reguladores y otros actores del sector. El momento de poner este tema en la agenda es ahora -no cuando las pérdidas sean imposibles de ignorar.