Cada vez más cerca

Las cifras muestran como un hecho irrefutable los grandes avances en materia de inclusión financiera en Colombia. Hoy, 36 millones de adultos (95%) tienen algún producto financiero y 31 millones lo usan activamente (85%). El crecimiento de la última década, apalancado en la tecnología, a través de productos como las billeteras digitales y los depósitos de bajo monto, ha permitido que el primer objetivo de inclusión esté muy cerca de la universalidad.

El gran desafío que persiste es la inclusión crediticia. Aquí hay que destacar que un estudio reciente de Banca de las Oportunidades y Transunion ha cambiado la narrativa que se tenía. En efecto, los números muestran que 13,5 millones de colombianos tienen un crédito activo (35%), pero dicha cifra se refiere a obligaciones “solo” con entidades financieras. Al sumar otras entidades no bancarias, pero que otorgan crédito formal, nos acercamos a 20 millones incluidos crediticiamente (51% del total de adultos).

Si a eso le agregamos que el grueso de países Ocde tiene una inclusión crediticia que oscila entre 65% y 80% del total, encontramos que el punto de llegada no es la universalidad en este caso, sino un número similar al promedio de los países avanzados (75%). Así, de pensar que se tenía un brecha en materia de crédito de 65 puntos (punto de llegada: 100% - actual: 35%), pasamos a una de 24 puntos (75% - 51%).

Eso no significa, de ninguna manera, que no haya una tarea muy desafiante en la que avanzar. Sin embargo, sí enseña que los esfuerzos que ha hecho el ecosistema financiero en materia de crédito han dado frutos y lo que sigue es acelerar la implementación de una política de país en materia crediticia para ganarle a la informalidad.

Dicha política pública crediticia debe avanzar en al menos cuatro puntos. En primer lugar, como en el caso de los productos de depósito, la profundización del uso de la transformación digital es clave. Por ejemplo, la inteligencia artificial y otras tecnologías se vuelven relevantes para recolectar información, gestionar de forma más eficiente los riesgos y potenciar el crédito a través de productos como las billeteras digitales.

En segundo y tercer lugar aparecen elementos en construcción. Por un lado, alcanzar un verdadero ecosistema de datos abiertos, en un trabajo conjunto entre las autoridades y el sector privado, servirá para incluir crediticiamente a aquellos que aún no lo están, pero cuentan con un teléfono móvil o una factura de servicios públicos donde han probado ser “buenas pagas”. Y, por otro lado, la ampliación del ecosistema de pagos, sumando a las actuales iniciativas privadas el Bre-b del Banco Central, ayudará a generar más información sobre la capacidad financiera de los ciudadanos.

Por último, profundizar el uso de las garantías mobiliarias, los fondos de garantías estatales y las líneas de redescuento, será muy importante para elevar el monto de los créditos productivos. Estas herramientas han demostrado ser elementos catalizadores del primer crédito.

Las cifras de inclusión financiera y crediticia han ido desmontando la narrativa de exclusión de la población. Hoy estamos más cerca de nuestro objetivo, pero no podemos ceder en la lucha contra el gota a gota. Como en muchas ocasiones, la articulación público-privada es clave en este caso para potenciar instrumentos y políticas que lleven el crédito a más segmentos de la población.