Lo del lío fiscal 1: Carriles del gasto

La premisa de esta columna es sencilla: hay que hacer un fuerte ajuste fiscal; de lo contrario, nos será impuesto desde afuera a un costo significativamente más alto. Pasó, por ejemplo, en Grecia tras la crisis de 2008. Un ajuste que habría costado unos dos puntos del PIB terminó costando tres o cuatro veces más, con todas las consecuencias sociales que ello implicó.

El tamaño del ajuste colombiano lo calculo de manera muy simple, acaso simplista: dada la tasa de interés real que enfrenta el Gobierno, alrededor de 7%, y dada la tasa de crecimiento de largo plazo, alrededor de 3%, nuestra deuda se estabilizaría en los alrededores de 50% a 60% del PIB si logramos un superávit primario de alrededor de 2% del PIB, cifra que no incluye deudas por fuera del registro contable, por ejemplo, en materia de salud, infraestructura y defensa nacional, las cuales hay que hacer transparentes. Como lo que proyectamos para 2026 no es un superávit primario de 2%, sino un déficit de 2%, nuestro ajuste tendría que ser de unos cuatro puntos del PIB (unos $80 billones), sin incluir las deudas por fuera de registro.

Para lograrlo, es necesario tomar decisiones en el frente del gasto público que podemos clasificar en tres carriles diferentes, tanto en términos conceptuales como en el tipo de ejecución que requieren. En un primer carril del ajuste, tenemos que diseñar y ejecutar un plan, que podría ser de dos años con monitoría internacional trimestral, para reducir 20% en los tres principales rubros del gasto flexible: nómina ($66,8 billones en el presupuesto de 2026), compras de bienes y servicios ($18,9 billones) e inversión ($88 billones).

En un segundo carril, que implica iniciativas legislativas, tenemos que racionalizar el conjunto de los subsidios (servicios públicos, combustibles y flujos asistenciales), que pueden representar unos $30 billones adicionales, adecuando sus desembolsos con dos factores: primero, la realidad fiscal de mediano plazo y, segundo, la situación económica real de sus beneficiarios.

Conviene definir un monto total para 2027 y una regla para cada año posterior, atando las anualidades presupuestales futuras al crecimiento potencial (3%) y a la inflación de largo plazo (3%). En este segundo carril hay que incluir la necesidad de que la reforma que habrá de redefinir las reglas del juego que regirán el nuevo SGP, y que se habrán de consignar en una ley de competencias, sea fiscalmente sostenible.

En el tercer carril, hay que pensar no en términos de flujos de gasto corriente y de las nuevas reglas que los regulen intertemporalmente, sino en el valor presente neto de las obligaciones pensionales, otra deuda enorme del Gobierno, que está completamente por fuera de los libros contables y que seguramente requiere una reforma constitucional.

La situación era difícil en 2022. No hay la menor duda. Pero la reforma implementada en el gobierno actual elevó de manera muy importante, según tres entidades independientes -Fedesarrollo, Carf y Anif-, el valor de esta deuda pública no registrada: en no menos de 20% del PIB y, posiblemente, en alrededor de 40%.

Efectuar ajustes de esta magnitud requiere recursos para compensar a los grupos de interés que capturan las rentas iniciales, y así se ha hecho en varios procesos exitosos, por ejemplo, en Irlanda. Los recursos para poder hacerlo, y para limpiar parte importante de la deuda por fuera de balance -salud, fuerza pública y energía-, podrían provenir de la liquidación de activos, por ejemplo, un paquete grande de acciones de empresas como Ecopetrol (cuyo valor de mercado, al finalizar junio de 2026, es de unos US$29.000 millones).

A medida que vaya avanzando en un proceso armónico en los tres carriles, es muy sensato esperar que se inicie un círculo virtuoso. Al cumplir el plan de ajuste trimestre tras trimestre, la confianza irá retornando, aumentando con ello la inversión y elevando el precio de los activos colombianos.
Por ordenado y sistemático que sea, y por mucho que logremos implementar mecanismos de compensación razonables, el costo de corto plazo sin duda es alto.

Pero mucho más alto sería no hacerlo y ser testigos pasivos de un proceso doloroso en el que el ajuste nos sea impuesto desde los mercados, como le pasó a Grecia, sin plazos de dos años ni, obviamente, los mecanismos de compensación que le brindó la Unión Europea.