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El Presidente Gustavo Petro se ufana por un artículo de The Economist, según el cual la economía colombiana tuvo uno de los mejores comportamientos dentro del selecto grupo de la Ocde y cree que con eso puede engañar incautos y crear la falsa percepción de que el bienestar está llegando a los ciudadanos y que los resultados de su gobierno son un éxito.
Desafortunadamente, la realidad es muy distinta. Tener una inflación superior al 5.3% nunca será una buena noticia, sólo falta observar que en México es del 3.8%, en Brasil del 4.4%, en Chile del 3,4% y en España del 3.0%, lo que demuestra que tenemos una de las tasas más altas, sólo superadas en América Latina por Argentina y Venezuela; recordemos que la meta del Banco de la República es del 3%, esto quiere decir que estamos muy por encima de lo que puede considerarse un buen comportamiento.
De otra parte, el crecimiento de nuestra economía este año alcanzará como máximo un 2.8%, inferior al promedio latinoamericano y muy por debajo de la expectativa de los países emergentes. Lo anterior, sumado a los muy malos datos registrados en 2022 y 2023 del 1.7% y 0,6% respectivamente, evidenciando que nuestra economía escasamente sobrevivió a este lánguido Gobierno. Sin embargo, se muestran unos inmensos lunares, pues varios de los sectores más importantes para el país tendrán un comportamiento mediocre o incluso negativo como lo son la construcción, la industria manufacturera y la actividad extractiva que tiene una contracción significativa. Igualmente, resulta preocupante que el crecimiento se fundamente principalmente en el consumo del sector público y el consumo de los hogares, puesto que esto no es sostenible. Para colmo de males, la inversión como porcentaje del PIB se encuentra en su peor momento histórico, alcanzando un triste 17% del PIB y para todos es claro que sin inversión no hay crecimiento futuro ni pago de impuestos. Para afianzar la idea de que crecer con base en el consumo público no es sostenible, basta con mirar el comportamiento de la deuda pública colombiana donde tres indicadores muestran que estamos llegando a niveles que ponen en riesgo nuestra estabilidad. El primero consiste en el ascenso en el nivel de deuda bruta del Gobierno, el cual llegó al 64%, siendo el más alto en todo el siglo, aumentando la deuda en $370 billones; el segundo en el índice del balance primario del Carf que lo calcula en -2.9%, incluso peor que en pandemia, lo cual indica que descontando el pago de intereses de la deuda los ingresos no alcanzan; y el tercero, en el incremento del 50% en el interés que se paga por la deuda pública medido en los TES a 10 años, esto significa que los mercados no le creen al país. Todo lo anterior quedó plenamente demostrado en la baja en la calificación crediticia por parte Fitch a BB, lo que implica que la considera como deuda especulativa y que las perspectivas de déficit y deuda para 2026, sean incluso mayores a las que hoy ya preocupan a todos proyectando un déficit para 2026 del 7.5%.
Lo mismo ocurre con la cifra de empleo donde el Presidente se enorgullece de tener una de las menores tasas en los últimos años, lo cual es cierto, pero soportado en una situación preocupante que es el aumento de la informalidad o mejor dicho por el rebusque, en el cual se sitúa el 57% de los trabajadores, resaltando la fuerte disminución de quienes devengan el salario mínimo, frente a los devengan uno menor, aumentaron considerablemente.
Esto muestra la precarización del empleo, el crecimiento de las brechas entre formales e informales y que medidas como el incremento del salario mínimo sin justificación económica agudizarán el problema.
Resulta mentira, entonces, el discurso según el cual nuestra economía va bien; el costo de vida sigue creciendo por encima de lo esperado, el crecimiento es pobre, se fundamenta en el derroche del Estado que nos tiene al borde de un colapso fiscal, no hay inversión, no hay confianza y las brechas son cada día mayores en perjuicio de los mas necesitados. Eso está lejos de llamarse bienestar.
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