Reforma a la salud: derecho contra sistema fallido

La reforma a la salud estuvo este año secuestrada por un pequeño grupo de senadores de la Comisión Séptima, quienes dilataron su debate sin argumentos y con afirmaciones imprecisas, conceptos técnicos mal utilizados y narrativas que buscan confundir e intimidar. Estos opositores de la reforma no están defendiendo ningún derecho, ni un sistema eficiente, sino un modelo plagado de distorsiones técnicas, pérdidas multimillonarias y fallas estructurales documentadas por las propias autoridades, como el Ministerio de Salud y la Contraloría General de la República. La evidencia disponible es irrefutable.

Uno de los puntos más críticos es la situación financiera de las EPS. La Contraloría ha sido contundente al concluir que el aseguramiento en salud opera sobre una base frágil donde más de un tercio de las entidades responsables del riesgo se encuentra en intervención, vigilancia especial o bajo medidas administrativas debido a su incapacidad para cumplir las condiciones mínimas de solvencia. Esto no es una alerta aislada, es una tendencia acumulada durante años. Basta mirar el dato estructural: desde la creación del sistema, de 157 EPS autorizadas solo sobreviven 29. La inmensa mayoría quebró dejando deudas con hospitales, proveedores y personal médico que terminó asumiendo la Nación y los contribuyentes.

Los opositores de la reforma tratan de presentar el sistema como un modelo robusto que sólo necesita ajustes, pero la realidad financiera y los informes de la Contraloría los contradice. La sostenibilidad del sistema no puede mantenerse mientras las aseguradoras operan con déficits recurrentes, pasivos impagables y una gestión del riesgo que claramente no ha funcionado. En consecuencia, ¿Cómo puede considerar “eficiente” un modelo donde el 80% de los aseguradores han colapsado?

A esta crisis estructural se suma algo aún más grave: la manipulación técnica del concepto de siniestralidad, que ha sido utilizada de manera sistemática para justificar narrativas falsas. Técnicamente, el Ministerio de Salud ha explicado que no existe en la literatura actuarial el concepto de “siniestralidad de la UPC”. La siniestralidad es una medida del desempeño del asegurador -cuánto gasta respecto a lo que recibe- y no una característica intrínseca de la prima que gira el Estado. Sin embargo, opositores a la reforma usan esta expresión como si fuera doctrina, generando la falsa impresión de que la UPC “está desfinanciada” y que el problema es que “no llega suficiente dinero”.

No solo es incorrecto, sino engañoso. La evidencia demuestra que el problema no está en la UPC, sino en la forma como fue gestionada, en las distorsiones de contratación, en los incentivos perversos y en la falta de controles adecuados. Construir un debate público sobre conceptos falsos es una manera sofisticada de bloquear la discusión real: ¿por qué las EPS gastan más de lo que reciben? ¿Qué decisiones tomaron? ¿Qué modelos de contratación aplicaron? ¿Cómo explican sus inconsistencias operativas y financieras?

Las distorsiones no son teóricas; son reales. Los informes del Ministerio de Salud muestran cifras que rayan en lo absurdo: procedimientos sencillos reportados por cientos de millones de pesos, exámenes básicos facturados como si fueran intervenciones de alta complejidad y discrepancias sistemáticas entre los valores reportados a la Superintendencia y lo que la Adres reconoce como válido. Cuando un examen de laboratorio aparece con un valor superior al de una cirugía mayor, no estamos frente a un problema de UPC insuficiente sino ante un problema de uso indebido de los recursos y opacidad en los datos.

Quienes hoy se oponen a la reforma nunca mencionan estas distorsiones.

Tampoco hablan de las deudas acumuladas con la red hospitalaria, ni de la incapacidad de las EPS para cumplir sus indicadores financieros, ni de las inconsistencias en los reportes oficiales. Prefieren centrar el debate en conceptos manipulados y en el temor al cambio. Defender el modelo actual es defender la continuidad de pérdidas billonarias, de un mecanismo que socializa los riesgos y privatiza las ganancias, y de una estructura que ha demostrado ser incapaz de garantizar sostenibilidad.

Colombia no puede seguir atrapada en la ficción de que este sistema funciona bien. La evidencia técnica lo contradice.

Mantener el statu quo es condenar al país a repetir los mismos errores que llevaron a un escenario donde las deudas crecen, los hospitales se asfixian y los recursos públicos se desvanecen en un mar de inconsistencias.

La salud es un derecho y el sistema nunca funcionó, por lo tanto, la reforma no es opcional, sino una obligación técnica, ética y financiera.