Pues bien, resulta que este registro administrativo cuenta una historia diferente. En el año terminado el pasado mes de febrero (último disponible), el número de cotizantes cayó 1,2%: unas 159.000 personas menos
Con incrementos anuales del orden de $20 billones, su impacto fiscal se estima en un pico de $240 billones anuales durante la próxima década