Empleo cotizante

Las reacciones que generan las publicaciones del Dane sobre el mercado laboral reflejan, en los últimos meses, bastante optimismo. Con mucha razón: la tasa de desempleo ha caído sostenidamente, la tasa de ocupación mejora y, para rematar, en el trimestre terminado el pasado mes de abril, el empleo formal creció 6,7% frente al año anterior: la bicoca de 702.000 nuevos empleos, presuntamente amparados por la protección social (Gráfico 1).

Pero hay otra cifra relevante para la discusión, cifra que ha sido resaltada por el profesor Edwin Torres, de la Universidad de Antioquia: los registros administrativos de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (Ugpp), que consolida los pagos efectivos al sistema de seguridad social a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila).

Pues bien, resulta que este registro administrativo cuenta una historia diferente. En el año terminado el pasado mes de febrero (último disponible), el número de cotizantes cayó 1,2%: unas 159.000 personas menos.

Sería tentador concluir que el Dane está equivocado y que los registros de la Ugpp son más confiables o viceversa. Ninguna de las dos tentaciones es correcta, porque las dos fuentes no miden lo mismo. La Geih es una encuesta de hogares. Le pregunta a las personas sobre sus condiciones laborales: si tienen contrato, si cotizan a seguridad social, si sus empleadores les pagan prestaciones, etc. La respuesta que da el encuestado es la que el

Dane procesa, con reglas que me parecen sensatas y que son completamente transparentes, para luego asignar una calificación: formal o informal. Es una medición de ocupación declarada.

La Pila, en cambio, registra pagos efectivos. No lo que el trabajador, en su hogar, dice sobre su trabajo, sino lo que el empleador -o el trabajador independiente- realmente transfirió al sistema en función de su ingreso. Es una medición de ocupación verificada.

La diferencia conceptual importa. Un trabajador puede cumplir la definición de ser formal sin que su empleador esté al día con los aportes. Un contratista independiente puede tener un empleo formal sin necesariamente cotizar de manera regular. Las dos fuentes capturan fenómenos distintos y, en circunstancias normales, sus tendencias deberían moverse en la misma dirección. El problema es que desde octubre de 2025 dejaron de hacerlo (Gráfico 2).

¿Por qué sucede esto? Lo primero que hay que decir es que ya había pasado, por ejemplo, entre comienzos y finales de 2023. Si bien es una realidad interesante, no es un tema nuevo. Adicionalmente, parece prudente que cualquier discusión de fondo se sustente en cifras adicionales a las observadas en los últimos cuatro meses de la muestra, cifras a las cuales hay que darles un compás de espera. Si se corroborara que el quiebre es estructural, habría al menos tres hipótesis que vale la pena tener en cuenta.

La primera es el alza en el precio relativo de la contratación formal, el salario mínimo legal y los cambios en la normativa regulatoria en materia de contratación formal, que encarecieron significativamente el empleo formal a partir de 2026. Ante ese encarecimiento, algunos empleados pueden haber migrado hacia contratos por prestación de servicios -que la Geih clasifica razonablemente como formales, pero que no necesariamente generan cotización regular a Pila-.

La segunda es sectorial. Según la Geih, en el año terminado en abril, el número de empleados formales cayó en 210.000 personas en agricultura, transporte e industria y, por lo tanto, subió en más de 800.000 en el resto. Los sectores principales en que subió el empleo formal fueron la administración pública (282.000), el sector de arte y entretenimiento (125.000) y el sector de servicios profesionales y administrativos (143.000).

La propensión a cotizar puede diferir sectorialmente, por ejemplo, entre el empleo industrial y el empleo público amparado en contratos de prestación de servicios.

La tercera hipótesis es metodológica. Las encuestas de hogares pueden ser poco sensibles a cambios en la forma en que los encuestados clasifican su situación laboral. Si las preguntas de la Geih y su posterior procesamiento no capturan bien las nuevas modalidades de trabajo -plataformas digitales, teletrabajo, contratos híbridos, etc.- puede haber una divergencia sistemática entre lo codificado y lo efectivamente cotizado.

Vamos concluyendo. Primero, lo cierto es que para las finanzas públicas, lo que importa es Pila. Si hay 159.000 cotizantes menos, hay menos recursos y los stocks de deuda en salud y pensiones van a seguir subiendo. La sostenibilidad del sistema depende de que la base de aportantes crezca, no de que las encuestas muestren menor informalidad.

Segundo, que la tasa de desempleo baje siempre es una buena noticia. Pero cuando ello ocurre y al mismo tiempo la economía crece bastante por debajo de su potencial, puede indicar que se está creando una suerte de ocupación “novedosa” que es de baja productividad y muy poco sostenible, ocupación que las encuestas no están diseñadas para asimilar a plenitud.

Como bien lo plantea el profesor Torres, lo que necesitamos no es una disputa de credibilidad entre entidades con largas y probadas trayectorias de calidad técnica y seriedad profesional. Necesitamos una agenda de trabajo concreta y seria que permita entender y explicar claramente un mercado laboral cambiante que seguirá siendo cada día más complejo.