Una regla fiscal que es de caucho

A los últimos presidentes de Colombia les sucede con el cumplimiento de la regla fiscal, lo que les ocurre a las personas pasadas de kilos, cada que comienza un nuevo año, cuando se comprometen a hacer deporte, madrugar, llevar una dieta sana, visitar al médico, al nutricionista y lograr el peso ideal para tener una larga vida sana y feliz. El 16 de junio de 2011 se aprobó la llamada regla fiscal mediante la Ley 1473 que imponía condiciones sobre los ingresos y gastos del Gobierno: primero planteaba que el gasto debía seguir la evolución del ingreso de largo plazo, o ingreso estructural, al tiempo que se comprometía con una verdad de Perogrullo, que ese gasto no podía superar el ingreso estructural en más de 1% del PIB a partir de 2022. En ese momento, todos los actores de la economía aplaudieron un periodo de transición que llevará a la reducción gradual del déficit desde el nivel actual a su nivel objetivo, ese lapso sería que entre 2011 y 2022.

En teoría la regla fiscal era la solución a que cada que había una recesión económica se hacía una reforma tributaria generando inestabilidad jurídica para las empresas y todos los inversionistas, pues para nadie es un secreto que el país llevaba a cabo reformas tributarias después de una recesión, tradición que se rompió y la tributaria se volvió casi cíclica por lapsos de 22 meses en promedio. La justificación de motivos de la regla fiscal era como poesía: “no habrá necesidad de reducir el gasto o aumentar el ingreso por medio de una reforma tributaria. El principio básico de sostenibilidad, como caídas transitorias de ingresos se financiarán con desahorro o endeudamiento, mientras que los ingresos transitorios -bonanza de hidrocarburos, por ejemplo- se ahorran”. Desde ese momento, la meta de déficit fiscal se ha revisado varias veces por año, para sincronizar el ajuste macroeconómico a la realidad, por lo general determinada por los precios internacionales del petróleo.

Se nombró un Comité Consultivo de la Regla Fiscal que tiene como tarea fijar los límites máximos de déficit fiscal, que para este año era de 2,7%, cifra que se cambió en una suerte flexible de déficit total versus déficit estructural; la idea era que a 2021 ambas curvas se fusionaran en una sola línea en 1,3%, situación imposible de lograr. Ante este panorama inminente, el Ministerio de Hacienda no tiene otro camino de “halar del caucho de la regla” y rediseñar los cuadros fiscales, con las graves consecuencias de mensajes que esto tiene para las firmas calificadoras de riesgo en términos de endeudamiento como única salida para financiarse. El precio del petróleo estaba ayudando hasta hace tres semanas, pero las noticias que llegan del mercado energético no han sido las mejores los últimos días y vemos con angustia cómo el barril se desploma por debajo de los US$60, muy cerca de los presupuestos de Ecopetrol y del mismo Gobierno. Y con los tropezones que ha sufrido el Gobierno con el trámite de su reforma tributaria, las cosas no se ven bien desde las firmas calificadoras de riesgo, que más allá del monto de recaudo que busca la Ley de Financiamiento, están pendientes de la gobernabilidad y la capacidad que se tiene para sacar adelante otras reformas como la pensional. Si las cosas no caminan en lo fiscal, es inminente un cambio en la perspectiva de estable a negativa de la calificación de la deuda, lo que obligaría a experimentar un mundo insospechado de tener que pagar más para endeudarse.