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Nadie discute que las arcas fiscales se están vaciando a causa del coronavirus, pero el Ministerio de Economía debe dar ejemplo de acciones contundentes, no palos de ciego
El país económico, social y político debe empezar a despertar de una “burbuja llamada covid-19”. Una coraza que no le ha permitido ver que el “palo no está para hacer cucharas” y que los recursos monetarios son muy escasos y las necesidades inmensas. Y en medio de ese contexto se han cometido muchos errores de tacto y carencia de sensibilización de los elementos. El Gobierno Nacional ha salido oportunamente y con gran liderazgo a tratar de solucionar las necesidades básicas insatisfechas y profundizadas a causa de la cuarentena, pero ha sido incapaz de concientizar a los colombianos de que el dinero disponible no es infinito y se deriva de las utilidades de las empresas estatales, préstamos bancarios, de los impuestos y de algunas inversiones, frutos muy escasos y que se agotan. Pero en lo que más han errado algunos ministros es en no contarle la verdad financiera al país y hablarle con franqueza que el dinero público no alcanza para todo y que los mecanismos de financiación son costosos; falta de sinceridad política que se mezcla con promesas que nunca debieron hacer los ministros de Trabajo y de Hacienda, en su momento, de que este año no habría reformas pensionales y laborales, y que una eventual nueva tributaria estaba descartada durante lo que queda de esta administración. No se pueden prometer esas cosas que rozan con el populismo, pues el país siempre ha requerido una verdadera reforma tributaria estructural que ponga a pagar impuestos a esos que nunca pagan o abusan de las exenciones; una tributaria que se olvide de las empresas y los asalariados, que unifique las tasas de IVA y que se enfoque en que el sector privado genere empleo. Preguntar si va a haber una nueva tributaria es ingenuo, el interrogante es cuándo se va a hacer. Lo mismo se puede decir de la necesaria reforma pensional que corte a raíz la obsesión que tiene el Ministerio de Hacienda de trasladar de un plumazo a Colpensiones a quienes hayan cotizado 750 semanas o les falten menos de 10 años para jubilarse y que estén ahorrando en los fondos privados. Esa idea ya la había expuesto en las discusión del Plan Nacional de Desarrollo y ahora también cursa en el Congreso, y hasta el último día de vigencia de la emergencia económica, quiso meterla por un decreto para financiar las consecuencias del covid-19.
Hace mucho daño manosear el Sistema General de la Seguridad Social Integral vigente desde 1993 y que integran un conjunto de las entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, además de regímenes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios. No se puede seguir destruyendo la poca institucionalidad económica con ideas inmediatistas que pueden llevar al traste las arcas nacionales ya acosadas por la disparada de la deuda. Hay que hacer una reforma pensional que le garantice a todos los colombianos cobertura y equidad, pero que ante todo reordene las gabelas que tiene Colpensiones y que ha puesto en jaque a los fondos privados que se ven abocados a aconsejarles a sus afiliados, en una suerte de régimen de transición, a pasarse al fondo público ante una avalancha de demandas. El primer paso para avanzar es hablar con franqueza, sin milimetría política y enfrentar las reformas estructurales que deben hacer el país para garantizarle futuro a sus ciudadanos.
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