sábado, 28 de octubre de 2017

Hay más de 200.000 hectáreas de coca y a los dueños de esas tierras no les pasa nada porque son baldíos, parques nacionales, campesinos o indígenas

EditorialLR

Colombia está empantanada en dos problemas que no ha podido solucionar desde el siglo pasado incluso desde el XIX. Se trata de la tenencia de tierras y los cultivos ilícitos. Son dos situaciones problemáticas transversales a los males crónicos que no dejan entrar al país por la senda del desarrollo. Y lo peor de todo es que presidentes, ministros y gobernadores se hacen los de la vista gorda frente a estos asuntos.

Al final de esta semana saltó el gran problema generado por un proyecto de ley que buscaba beneficiar a los propietarios de máximo tres hectáreas de tierra cultivada con arbustos de coca. Una clara puerta de entrada a la cultura de ilegalidad que poco a poco se ha perneado en la sociedad y en varias regiones. Sin duda esto sería una tronera a la economía de la droga que tanto se ha querido evitar. Si quienes tiene máximo tres hectáreas de coca son “simples palomas” en la cadena de producción poco a poco caminaremos a que los señores de la cocaína sean “pobres víctimas” de los consumidores en países desarrollados.

Es apenas lógico y consecuente que quien utilice un predio o una propiedad con fines delictivos -cultivar coca- debe ser castigado con cárcel y su finca expropiada, tal como se hace con las casas usadas para vender bazuco o cocaína. Esa es una de las razones por las que en Ecuador no han avanzado los cultivos ilegales: allí se expropia a los dueños de los predios utilizados para delinquir. Colombia sigue siendo un país con instituciones tolerantes con los narcos, hay 200.000 hectáreas sembradas de coca y docenas de políticos se financian con dineros derivados de actividades ilícitas. Eso debe cambiar si queremos caminar hacia un país decente que derrote la cultura narco.

¿Quiénes son los dueños de las fincas donde hay plantas de coca? No todos son baldíos, ni mucho menos son parques nacionales. Muchos son grandes latifundios de engorde que no pagan impuestos y que sus dueños se escudan en la falta de instituciones y reglas. Muchas otras hectáreas, especialmente en el Cauca, usadas para cultivar marihuana, amapola y coca están en resguardos indígenas. La Constitución ha protegido estos problemas y la jurisdicción indígena ha impedido que las autorices lleguen hasta allí. Gran parte de la marihuana de Corinto, Caloto o Toribio está en fincas indígenas; la amapola en Guambia y la coca en el Tambo, todo esos territorios protegidos con el domo de la jurisdicción indígena y resguardados por milicianos ahora disidentes de los grupos guerrilleros en carrera política.

La institución nacional, llámese Policía, Fiscalía y las autoridades locales deben avanzar en judicializar a los dueños de las tierras dedicadas a los cultivos ilícitos y el Congreso debe tener en cuenta estos temas a la hora de aprobar la Ley de Tierras que avanza en el camino legislativo. Si no avanzamos en las reglas claras para la tenencia de tierras y buscamos otras formas de enfocar el lío de las 200.000 hectáreas de tierra dedicadas a la coca, seguiremos enterrados pretendiendo salir de problemas que debimos solucionar hace dos siglos.

Es difícil explicar el problema de los cultivos ilícitos en Colombia, siempre se termina hablando de tenencia de tierra y la ineficacia de las autorizada para controlar a los delincuentes, que son tan culpables como quienes cultivan, procesan, comercializan, lavan dinero y destruyen a las personas con esa droga.

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