La eficiencia que debe tener la última legislatura

La legislatura del segundo semestre deberá tener un tinte diferente este año. Pese a que el periodo previo a elecciones parlamentarias y presidenciales suele ser casi perdido, ya que los congresistas y el mismo Gobierno se centran en una carrera electoral que inicia desde septiembre, hay una serie de proyectos que se presentarán que por su relevancia requieren toda la determinación política para encausar el destino del país; ya no solo para encarrilar la recta final del mandato del presidente, Iván Duque, sino para garantizar recursos y una estabilidad en el largo plazo, que ayude a superar el coletazo que aún está generando la crisis del covid-19 y, a final de cuentas, deje caja y margen de acción para la siguiente administración. Entre los retos también estará aprobar proyectos de ley necesarios con la suficiente inteligencia política y pedagogía, con el fin de que no lleven a un nuevo estallido social, como el que ocurrió cuando se presentó la fallida reforma tributaria del exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

La reforma fundamental será efectivamente el proyecto de ley de inversión social, la tercera tributaria que presenta Duque, y que buscará un recaudo de $15,2 billones, con lo que además de conseguir recursos, se protegerá a los más vulnerables, se reactivará la economía y se mejorará la estabilidad fiscal. Hasta el momento, el proyecto ya cuenta con el apoyo del sector empresarial, que acompañó al Presidente y al ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, en la presentación y que denominó al proyecto como uno de solidaridad empresarial, con el que apretando un poco a las compañías se aliviará el bolsillo de los colombianos, para así impulsar el PIB por el lado de la demanda.

El llamado es a que no solo se estudie al detalle el articulado cuando se radique en el Congreso, sino que se respete al máximo la propuesta, especialmente, porque esta ha sido consensuada con los partidos políticos y los líderes de las regiones por varias semanas, quienes han puesto al oído de los funcionarios las necesidades más urgentes de la población.

El proyecto, que promete ser breve con el fin de que la ciudadanía pueda hacer veeduría, también incluirá beneficios como aquellos relacionados con la contratación de jóvenes, la economía naranja y la renta exenta para el sector agroindustrial y las inversiones en hoteles y parques; estos últimos puntadas clave para impulsar a los sectores más golpeados por la crisis económica.

Entre otros proyectos que seguirán el trámite legislativo de relevancia económica están el de regular la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías, que aporta cerca de $15 billones a las regiones productoras, y el de formalizar la propiedad de tierras rurales en Colombia.

Por el momento, además quedan pendientes nuevos proyectos para incluir que saldrán de diálogos y conversaciones de los congresistas con grupos de interés, que también están esperando conocer el articulado de la reforma tributaria, con el fin de analizar qué no se incluye en esta y así incorporarlo en la agenda legislativa. De esta manera, no solo se requiere un análisis profundo de la realidad del país, sino de extrema eficiencia, ya que los tiempos estarán congestionados en medio de la nueva carrera electoral.