¡Representantes! La pensión está en sus manos

La primera semana del próximo julio debe estar lista la reforma pensional que se estudia en el Congreso de la República, la primera en más de tres décadas, y una necesidad diagnosticada por todos los académicos y centros de pensamiento, además uno de los imperativos de reformas estructurales que han aconsejado la banca multilateral, las firmas calificadoras de riesgo y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Ocde. La idea de los pilares del Gobierno Nacional y la centralización del sistema en manos de la entidad pública, Colpensiones, además de la administración del fondo general de ahorro pensional en manos del Banco de la República, han pasado a la comisión respectiva en la Cámara y posteriormente irá a discusión en plenaria, para conciliar lo aprobado en las dos instancias legislativas, convirtiéndose en la primera gran reforma propuesta por esta administración que más lejos ha llegado, exceptuando la tributaria; en pocas palabras está a escasas semanas de convertirse en ley, pero sobre todo, a dar un revolcón general a cómo se pensionan los colombianos. Los representantes tienen la palabra en estudiar con juicio y responsabilidad el articulado entregado por los senadores, quienes terminaron transando con el Gobierno Nacional, muy a pesar de que de labios para afuera estuvieran en contra de la reforma, pero en los oscuros pasillos del Congreso terminaran aprobando las ideas del Ejecutivo, para mayor desafío a pocas horas de haberse realizado en las calles de todo el país masivas protestas sociales en contra de la administración, de sus propuestas de cambio y del frenazo económico que experimenta Colombia. Los congresistas de oídos sordos (léase los senadores) no se pueden clonar en la Cámara, que tiene una oportunidad de oro para estudiar con juicio y a fondo la propuesta, y acomodar tal iniciativa, necesaria eso sí, pero muy estatista, llena de subsidios y, en algunos puntos, cargada de micos y beneficios, como es imponer un régimen especial pensional para los indígenas y cargarles dobles impuestos a los pensionados que tengan una mesada mensual de más de $3,6 millones. La propuesta del Gobierno debilita el papel del sector financiero en el mercado de las pensiones, le resta juego en el ahorro nacional, pero ante todo, no hace nada para que la población económicamente activa, de unos 24 millones de colombianos, se formalice, aporte o ahorre para su pensión dándole opciones desde el salario mínimo legal. El umbral de cotización con base salarial debe estar en tres salarios mínimos, no en cuatro como dice el Gobierno, y si quieren mejorar el sistema, tienen que meter el artículo que eleve la edad de jubilación para hombres (65 años) y mujeres (62 años), de tal manera, que la decisión espante el miedo a la debilidad del bono generacional que atenta contra las pensiones de los más jóvenes. La paradoja es simple: si hay menos jóvenes cotizando porque la pirámide poblacional se ha invertido en las últimas décadas, pues obligue a que los más viejos se queden dos o tres años más en el sistema, tal como lo hacen los países desarrollados. Pero lo más importante a arreglar por parte de los representantes es diferenciar qué es una pensión y qué es un subsidio; un juego de palabras que está confundiendo a las personas que trabajan formalmente.