Hay que rehacer la discusión del salario mínimo

Al Gobierno Nacional y a los gremios económicos se les acaba el tiempo para revisar el incremento del salario mínimo vigente de 2026, muy a pesar de que el año ya va por el segundo mes. Mucho que aprender en este inédito episodio, pues no es la primera vez en la historia que el salario mínimo lo decreta la administración de turno, rompiendo los protocolos de asignación, como son el proceso de concertación entre los gremios y sindicatos, al arbitrio del Ministerio de Trabajo; ejercicio que se basa en varios factores determinantes, como el costo de vida, el PIB, la productividad y la contribución de los salarios al ingreso nacional.

Lo primero que hay que cambiar es que trabajadores, empleadores y Gobierno negocian siempre antes del 15 de diciembre de cada año, pues el tiempo no es el mejor y casi siempre el tema es un asunto secundario, en el que las universidades, los centros de investigación y los propios empresarios están concentrados en la prospectiva del nuevo año; no es el momento y casi siempre el Gobierno Nacional sorprende con un decreto inconsulto. Los factores tenidos en cuenta para la negociación son incompletos en diciembre: el Índice de Precios al Consumidor, que es el referente del costo de vida, está a noviembre; los datos del Producto Interno Bruto, que dan una luz sobre el crecimiento económico, están a septiembre; la productividad laboral la calculan el Dane y Planeación Nacional con datos incompletos; y la contribución o impacto de los salarios a la economía nunca se estudia.

Y lo peor es que la Junta Directiva del Banco de la República -que tiene uno de los equipos económicos de mayor rigor- es un convidado de piedra, cuando constitucionalmente debe velar por el poder adquisitivo del peso, controlar la inflación y determinar si dicho incremento fue inflacionario o no. Es lógico que el salario mínimo le brinde a los empleados una remuneración capaz de solventar el costo de vida, una suerte de salario vital más que mínimo. El auxilio de transporte o de conectividad para quienes trabajan en casa es otra de las variables que generan ruido en el total pagado, y lo más incoherente de todo es que siempre se fija un monto mensual, no por horas, como en otros países.

Es un imperativo para la economía colombiana que en la fijación del salario mínimo entre a jugar el Banco de la República, como garante de reducir la inflación y responsable del manejo de las tasas. Más aún, que la reforma laboral que necesita el país tenga un capítulo de trabajo por horas, además de que la revisión del monto a reajustar se haga cada dos años y no en diciembre, cuando la economía tenga todos los factores de revisión -mas no de negociación- sobre la mesa. Es una irresponsabilidad discutir el salario mínimo mensual en diciembre sin los factores ciertos y con un gran ausente en la mesa, como es el Emisor.

Es un hecho indebatible que es algo que se debe revisar y, en eso, el Consejo de Estado tiene la razón: el incremento cada año del salario no es un asunto político, es un tema de crecimiento económico y de bienestar social basado en cifras ciertas y sin amaños populistas, como acaba de suceder; ojalá los candidatos tuvieran ideas claras de cómo progresar en esta discusión.