El último chance de conciliar más impuestos

Entre el pasado 12 de agosto y el 24 de octubre de este año vencen los plazos para que las personas naturales presenten su impuesto de renta del año gravable 2024 en Colombia, una época que poco a poco se empieza a agendar solo en un pequeño grupo del total de las 14 millones de familias que hay en el país, pues la base tributaria sigue sin ampliarse muy a pesar del avance económico de muchas personas que han progresado, reciben remesas, subsidios, son autónomas y por la extendida cultura de la informalidad, la elusión y evasión en los deberes que se tienen con el Estado.

Más allá de ese crónico diagnóstico de que los casi $300 billones de impuestos anuales los pagan los mismos de siempre -empleados formales y empresarios- las cifras muestran que la Dian recauda más impuestos, pero la voracidad de los gastos estatales los devora. Durante el primer semestre de este año el incremento del recaudo fue de 9,8%, alcanzando $149,15 billones gracias a más retención en la renta y al impuesto a las ventas, así como algunas estrategias de control y búsqueda de morosos con la entidad tributaria.

Seguramente, el comportamiento del segundo semestre es mucho mejor por la misma mejora en la dinámica comercial y de crecimiento del PIB que se presenta en el último cuatrimestre, marcado por la masiva llegada de remesas, la actividad comercial y el cierre de muchos negocios.

El problema tributario colombiano es endémico, las razones crónicas y las soluciones politiqueras, nunca se ha logrado concertar una reforma tributaria estructural que corte por lo sano y lleve al país empresarial a otro nivel de desarrollo e inversión; por ejemplo, adelgazar o recomponer el obsoleto estatuto tributario de casi 1.000 artículos -algunos sin reglamentar- en el que se dilapidan muchos tributos.

Lo otro es que una tributaria estructural debe partir de un gran acuerdo nacional que trascienda dos o tres períodos presidenciales, con un compromiso escrito sobre piedra, en el que en la primera fase se ataque la evasión, se aumente la base tributaria, se digitalice el pago de impuestos y se ponga a pagar a sectores hábiles en el Congreso con lobby político.

No hay derecho que los muy exitosos juegos de azar, ahora en línea, las rentas de los arrendadores de Airbnb y los hacedores de grandes rentas de las plataformas de movilización digital no paguen lo correcto y honesto con el país.

Pero lo peor es que el Gobierno Nacional de turno no logre concertar esos focos ideales para solucionar el déficit presupuestal, sólo con ese compromiso de cobrarles a los que no pagan es admisible que los gastos de funcionamiento sean de $360 billones y que los gastos de personal se mantengan en $66 billones, cifras enormes y representativas en un universo de $547 billones en el que la inversión son solo $85 billones para un mar de necesidades.

Quizá la tributaria que se tramita en el Congreso sea la última oportunidad que tiene la administración Petro de conciliar una reforma tributaria que no vaya a castigar a los mismos de siempre. Solo es echarles un vistazo a los generadores de empleo y grandes contribuyentes para advertir que hay sectores que pasan de agache en el pago de los impuestos justos con el país.

El gran lío al que se enfrenta una conciliación, es el momento político en vísperas de elecciones al Congreso que se presta para que el lobby en las comisiones sea mucho más rentable que el bien nacional.