jueves, 30 de julio de 2020

Así como el país ganó al final del apagón al rehacer el sistema eléctrico, la salud debe salir fortalecida no solo porque maneja muchos recursos, sino porque ha sido sometida a estrés

EditorialLR

Los colombianos más mayores recuerdan con exactitud el apagón eléctrico durante el gobierno de César Gaviria entre el 2 de marzo de 1992 y el 7 de febrero de 1993 provocado entre otras situaciones por el fenómeno de El Niño, pero también por la debilidad del sistema eléctrico nacional del momento.

Fue un año de muchas sequías que afectaron los embalses generadores de energía hidroeléctrica a lo que se sumó la corrupción de las otrora electrificadoras regionales y a la extendida cultura del no pago del servicio en varios departamentos.

Cuando se superó el problema las cosas mejoraron y hoy el país cuenta con un sistema de interconexión eléctrica bastante robusto que ha sido tomado de ejemplo para varios países y las deficiencias del sistema solo persisten en la Costa Caribe en donde sobreviven viejas costumbres, pero eso es otra historia.

El cuento se trae a colación porque es necesario que el sector privado que juega un papel importante en el sector de la salud y las autoridades sanitarias deben hacer de esta crisis una oportunidad y sacar fortalecida a la salud en todos sus frentes y operadores.

En la actualidad, el sistema tiene unos protagonistas que juegan roles y funciones bien diferenciados pero que están conectados por el hilo conductor del dinero. El Estado -a diferencia de otros países- se encarga solo de coordinar y controlar a través de la cartera del ramo y de una superintendencia.

El segundo jugador son las empresas privadas y algunas solidarias que administran e intermedian recursos públicos anuales derivados de la Unidad de Pago por Capitación. Estas son las Entidades Promotoras de Salud, EPS, y las Administradoras de Riesgos Laborales, ARL, que se han ido depurando con el paso de los años, sólo sobreviviendo las más fuertes y sólidas en lo financiero y administrativo. Otro jugador son las Instituciones Prestadoras de Salud, IPS, que reúnen hospitales, clínicas y laboratorios, que son al final el punto de conexión con los pacientes y fusibles en términos de atención.

Pese a la supuesta claridad institucional sobre el papel, el sistema de salud en Colombia mantiene saldos en rojo, muy a pesar de que del presupuesto general de la Nación se le asignaron $34 billones y que los trabajadores formales aportan 4% de su salario para ser atendidos, al tiempo que el empleador hace lo propio con 8,5%, para un total de 12,5%, cifra muy elevada que es la espina dorsal de los ingresos al sistema.

Pero el dinero nunca alcanza y las 40 EPS que operan en el país se han acostumbrado a trabajar por medio de tutelas para que brinden sus servicios en la prevención y atención de las enfermedades. De esas 40 entidades, 27 son del régimen subsidiado (22 millones de afiliados), 10 del régimen contributivo (21 millones de afiliados) y tres trabajan en los dos regímenes simultáneamente.

El panorama no puede ser peor porque 30 entidades son insolventes, tienen patrimonios negativos, trabajan en medio de medidas cautelares y son estrictamente controladas por parte de la Superintendencia de Salud.

No todo es malo y sobre lo bueno se puede construir un verdadero sistema de salud “post-covid”: seis EPS contributivas son muy sólidas y prestan un excelente servicio a 13 millones de personas apalancadas en una buena red integrada de IPS que compiten por los contratos, pero el secreto está en que están fuera de los apetitos políticos, son puras y duras empresas privadas con juntas directivas y profesionales idóneos.

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