Delincuencia, el enorme peso para la economía

Más allá de las consecuencias económicas que trae el subdesarrollo para los países de América Latina y el Caribe, hay un lastre de mucho peso en la economía y que, por lo general, pasa desapercibido. Se trata de los robos, los asesinatos, los secuestros, más todos esos delitos que hacen de la región uno de los lugares más violentos del mundo. Con los acuerdos de paz conseguidos por el Gobierno Nacional con los guerrilleros de las Farc, el continente se muestra ahora como un territorio libre de guerras políticas, religiosas, fronterizas o étnicas, pero la sombra de la delincuencia urbana se cierne como un mal mayor y que amenaza con desestabilizar las democracias. El Banco Interamericano de Desarrollo hizo un importante estudio sobre la materia y concluyó que anualmente la región destruye un valor aproximado a los US$260.000 millones, un monto que es similar al Producto Interno Bruto de un país como Chile; quiere decir esto, que el accionar delictivo de la delincuencia común o bandas criminales, tal como se les llama en Colombia, es más destructivo que una guerra formal con otro país o un enfrentamiento por creencias religiosas. Es un tumor silencioso que crece y amenaza con hacer metástasis en algunos país centroamericanos y regiones de Brasil. En el caso colombiano aún no nos hemos podido dar cuenta del poder destructivo de la delincuencia porque el humo del conflicto armado interno a lo largo de casi seis décadas no lo ha dejado ver, pero hay auténticas regiones colombianas tomadas o capturadas por la delincuencia, es el caso de Urabá, Catatumbo en las zonas rurales, áreas urbanas estigmatizadas como el Bronx y Ciudad Bolívar en Bogotá; Aguablanca o el Calvario en Cali o las comunas 13 y Suroriental en Medellín, solo por citar algunos ejemplos. El BID plantea que en América Latina y el Caribe, seis de cada diez robos no se resuelven y 90% de los asesinatos quedan impunes. El cálculo de la banca multilateral considera que pesa mucho en la economía la victimización letal y no letal; la cesación de ingresos de la población carcelaria, y lo que no es menor, los gastos del sector privado en seguridad. A estos tres costos se deben sumar los gatos fiscales en policía y cárceles que debe garantizar el Estado para mantener a raya a los delincuentes, monto que puede alcanzar dos puntos básico del PIB. La tarea para los gobiernos -y en particular para Colombia en tiempos del posconflicto- es asumir la delincuencia como un problema económico y social y cubrir los espacios dejados por la delincuencia institucionalizada en el caso de las guerrillas y los narcotraficantes. La corrupción está de moda y gracias el caso Odebrecht vemos sus tentáculos en la clase política, pero eso no puede ocultar un problema mayor: la delincuencia común.