martes, 17 de noviembre de 2020

La discusión del salario mínimo esta vez tendrá un componente sicológico: la cifra del millón de pesos, que gravitará en las posiciones sindicales y gremiales ante la mirada del país

EditorialLR

En los anales de la historia económica quedará que fue en 2020 cuando el salario mínimo alcanzó el millón de pesos tras una tensa discusión entre las centrales obreras y los gremios de la producción, ante la mirada atenta de Gobierno representado por los ministerios de Trabajo, Hacienda e Industria, todo bajo el manto de incertidumbre que suponía la pandemia derivada del implacable coronavirus. Lo que no es muy seguro vaticinar es si el incremento de la remuneración mínima se hizo por concertación, o como de costumbre, fue decretada por el Ejecutivo. Lo cierto es que será una discusión bien extraña pues el “buenismo” se ha tomado todas las discusiones, dada la penosa situación social con el creciente desempleo, pero más allá de las posturas sociales de corte diplomático, que incluso recomiendan subir la paga mínima hasta el millón de pesos y adoptar una nueva prima extralegal por una sola vez, las cosas tienen otras dimensiones a largo plazo como es la generación de empleo, los costos de contratar servicios y lo más olvidado de todo que el salario mínimo como patrón de sanciones de tránsito y obligaciones judiciales. No se puede olvidar que el salario mínimo es la unidad de castigo para muchas de las infracciones y que es un disparador automático de los precios que siempre se pegan más allá del incremento; incluso es la variable más inflacionaria de la ecuación.

Las autoridades deben modernizar la discusión. La Comisión de Concertación Salarial nació en 1996 para definir el monto a incrementar la paga mínima mensual en un momento cuando la tasa de inflación era el mayor temor y ascendía a 20,5%. Es una tarea dispendiosa y afanada que debe darse a conocer antes del 30 de diciembre en medio de un verdadero tira y afloje entre los miembros de esa comisión, compuesta por sindicalistas que representan a los trabajadores y gremios que velan por los intereses de los empleadores. El Mintrabajo, un árbitro de última instancia que interviene si no se ponen de acuerdo y fija el alza del salario mínimo por decreto. Hoy el llamado mínimo está en $877.802, cifra a la que se suman $102.853 de subsidio de transporte para un total de $980.655; una asignación que ganan 10 millones de colombianos. Si se mira el nivel de formalidad, según el Dane, 92% de los trabajadores que gana menos de un mínimo son informales y 79% asegura ser independiente y no asalariado. De los más de 22 millones de trabajadores que hay, cerca de 44% gana un salario mínimo o menos, según el Emisor, en 2019 la proporción de personas en esa condición aumentó y alcanzó 47%. Lo anterior para contextualizar que un salario mínimo muy alto es el mejor disparador de la informalidad.

Ya a las centrales obreras se les metido que el incremento debe ser 15%, lo que quiere decir un alza de $131.670, contando subsidios de transporte para llegar al millón de pesos para compensar las pérdidas económicas. El problema es que ese tirón hasta el millón automáticamente excluirá a miles de personas de encontrar empleo y mantendrá la informalidad en niveles históricos; el otro punto es que los costos laborales para los empresarios exportadores también se disparan, pues en dólares el millón de pesos estará cerca de los US$400, una paga por encima de los países de la Alianza del Pacífico.

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