Al Congreso le toca cambiar su mala reputación

Colombia es una fuerte democracia fundamentada en tres poderes que sustentan y equilibran su funcionamiento: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. En muchos episodios cada uno de los poderes se ha visto agredido por el otro generando pulsos inevitables en ese juego de poderes; no es una democracia perfecta, pero sí ejemplar si se compara con países similares. No obstante, es el legislativo donde confluyen los senadores y los representantes a la Cámara es donde hay más vacíos, no solo por la conformación, la cantidad y su formación profesional, sino porque no hay un verdadero poder que unifique sus comportamientos ante la opinión pública. Episodios inherentes a su hacer como pueden ser el ausentismo, los proyectos de ley a la medida de sus intereses, el bajo nivel de estudios o su apetito burocrático, y otros adicionales que tiene que ver con el diseño del sistema, tales como el exceso de congresistas, los requisitos para ser uno de ellos o la representatividad, confluyen en una situación crónica y es el desprestigio de esa institución, que dicho sea de paso está obligada a cambiar, de lo contrario están forzando una reforma política o constitucional que los limite, los reduzca o los cualifique. Hay casi 280 congresistas que tienen el mejor salario de la región si se compara con sus pares en países del continente, inclusive con algunos europeos; se trata de reclamar la inversión que hace el Estado en esta figura que ojalá llegue el momento de repensarse para ser más eficaces y que su actividad redunde en beneficio del país.

En medio de todas esas exigencias parlamentarias, arranca un nuevo periodo legislativo en un Congreso desprestigiado que irá, casi con los mismos miembros, hasta 2022 y que tiene el imperativo de cambiar su imagen y trabajar más en asuntos trascendentales como es la reputación del poder legislativo en Colombia. No es una tarea fácil, pero está en manos de los otrora llamados “padres de la Patria”. Tienen como tarea, estudiar proyectos de ley de origen gubernamental trascendentales para el futuro del país como la “Reforma Pensional”, una iniciativa que debe radicar el Gobierno Nacional antes de que terminen el año, de tal manera que se avance en la modernización de los sistemas y que quizá tenga inmersa la también urgente reforma laboral que obligue los necesarios contratos por horas, pero con todas las exigencias de salud, seguros y pensiones. Están también iniciativas como la profundización de la facturación electrónica; la protección de los datos en las centrales de riesgo; la reforma a créditos agropecuarios por monto asegurado para productores y que los créditos con hipotecas no sean por 100% del bien; también está una propuesta para rebajar impuestos aéreos, y otra para aliviar las cargas a los pequeños y medianos hoteles. Por supuesto, están los proyectos de trámite normal como son el presupuesto general para 2020 y todas las iniciativas que los ministerios pongan a disposición de un Congreso que ha demostrado, no solo no estudiar los proyectos y votarlos a pupitrazo, como sucedió con el Plan Nacional de Desarrollo, sino torpedear cualquier idea que venga del Ejecutivo, en una guerra fría como consecuencias de que el Gobierno Nacional no acude a las tradicionales gabelas presupuestales para conseguir plasmar las políticas públicas de beneficio para Colombia.