¡A recuperar el grado de inversión!

Durante la pandemia en Colombia ocurrieron múltiples repercusiones negativas. El impacto más devastador fue el fallecimiento de más de 140.000 personas a causa del covid-19. En segundo lugar, se presentó una severa desaceleración económica que sumió a más de 21 millones de personas en la pobreza y elevó la inflación a 13%. Asimismo, el endeudamiento del Estado para financiar la construcción de clínicas, hospitales, puestos de salud y la adquisición de vacunas constituyó una suerte de avance con tarjeta de crédito, pactado a tasas leoninas que todavía se están pagando. Sin embargo, el fenómeno que más desapercibido ha pasado es que la economía nacional perdió el grado de inversión en mayo de 2021, cuando S&P rebajó la calificación crediticia del nivel BBB- a BB+; en julio del mismo año, Fitch Ratings también retiró dicho estatus al país.

El grado de inversión es una categoría de calificación crediticia que indica que un emisor (sea un país o una empresa) posee una alta probabilidad de cumplir con sus obligaciones financieras, lo que equivale a un nivel de riesgo bajo. Este mecanismo es vital porque permite acceder a financiamiento más barato, atrae grandes capitales institucionales y, en última instancia, reduce el costo de vida y los impuestos para la población. Las corporaciones multinacionales y la mayoría de los fondos de inversión evitan trasladar sus capitales a naciones que carecen de calificaciones crediticias en niveles aceptables, así como de seguridad jurídica, estabilidad tributaria y un orden público adecuado para los negocios.

Estos factores son indispensables para que el trabajo conjunto entre los sectores público y privado logre mitigar la pobreza y consolidar sociedades libres de precariedades sociales. En consecuencia, contar con el grado de inversión es un requisito indispensable para que las empresas y los nuevos inversionistas inyecten capital en sectores económicos que demandan altas inversiones, lo que permite obtener beneficios para los inversionistas y, al mismo tiempo, impulsar el desarrollo de las naciones. Un país no se desarrolla por el simple hecho de poseer abundantes recursos naturales, por estar habitado por determinadas culturas o razas, ni mucho menos porque una religión específica guíe los hilos del poder; el clima tampoco determina el éxito económico.

Lo que verdaderamente evita el fracaso de una nación son sus instituciones y las garantías que estas brindan a los inversionistas. Esta es la tesis que defienden James A. Robinson y Daron Acemoglu en su célebre libro ‘Por qué fracasan las naciones’. Si el gobierno entrante busca otorgar legitimidad a la banca multilateral y a las firmas calificadoras de riesgo, debe trazarse como una meta alcanzable la recuperación del grado de inversión de Colombia antes de 2030. La administración saliente no priorizó este objetivo dentro de su agenda económica e incluso manifestó desapego hacia las evaluaciones. Aunque la economía de mercado es uno de los modelos que más ha garantizado el desarrollo global, su aplicación efectiva requiere de la mitigación de riesgos para asegurar inversiones rentables a largo plazo.

La posición geográfica privilegiada de Colombia no asegura la prosperidad por sí sola; se necesita un pacto estructural entre el sector público y el aparato productivo que catapulte la economía hacia un escenario donde la población en condiciones de pobreza -actualmente en 15 millones- se reduzca a un dígito. Para lograrlo, el país debe crecer de forma sostenida a tasas superiores al 3%, una meta que solo será viable si se recupera el grado de inversión.