Vuelve el “Síndrome de la carrera décima”

Varias veces en su vida habló el exministro Carlos Lemos Simmonds del Síndrome de la Carrera Décima para definir ese extraño fenómeno que se da “cuando un raponero le destroza la oreja a una señora para robarle un arete y todo el mundo empieza a gritar que lo cojan; luego, cuando un policía captura y reduce al rufián, todos empiezan a insultar al agente y a exigir que lo suelte”.

Andrés Felipe Arias fue condenado anteayer a 17 años y cuatro meses de cárcel y a pagar $30.800 millones por las irregularidades del programa Agroingreso Seguro. Y luego de que la prensa se dio un banquete en los últimos cuatro años alrededor de este episodio, hoy ya empiezan a elevarse voces sobre qué tan justa puede haber sido la decisión, si fue exagerada la condena y sobre dónde debería pagarla el exministro, quizá para abrir la puerta a que sea en una casa fiscal y no en la Picota. Inclusive, voces más airadas proclaman con furia que la condena a Arias es una asquerosa demostración de la politización de la justicia. ¿Será?

Me queda difícil creerlo porque justo ha sido en este caso en el que, sin excepciones, la rama judicial y los órganos de control se pusieron de acuerdo en que el exministro es culpable: la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó durante 16 años por “falta gravísima” (aunque luego, lo matizó un poco con esas piruetas jurídicas del Procurador para decir que no le encontraron responsabilidad penal); la Fiscalía allegó todas las pruebas para acusarlo de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin los requisitos legales, y con base en eso, la Corte Suprema lo condenó hace dos días. Y en abril pasado, la Contraloría le halló responsabilidad fiscal, a él y otros funcionarios, por $13.000 millones, ya que mucha de la plata que debió irse para los campesinos en apropiación científica y tecnológica se la gastaron en publicidad.

Hay unanimidad entonces en que Arias utilizó recursos de todos nosotros para favorecer a unas familias ricas del Magdalena y del Valle del Cauca. ¿Había intereses políticos? La Corte y la Fiscalía consideran que sí, pero, ojo, este argumento no hizo parte del fallo que lo condenó. La desviación de recursos hacia propaganda, demostrada por la Contraloría, sugiere que sí existía una finalidad de campaña, al menos de imagen. Finalmente, Arias estaba a las puertas de ser precandidato. Y todos sus funcionarios cercanos declararon que él sabía cada paso que se daba con Agroingreso Seguro.

Llama la atención que en los últimos 12 días, sin que se hubiera dado a conocer la condena final para Arias, varios medios se sintonizaran en la misma causa. El Espectador editorializó para dejar en claro que si bien no hay politización en la justicia, Arias no se robó un solo peso, la plata se devolvió casi toda, y contrataciones como las que él hizo, a través del Instituto Interamericano para la Cooperación Agropecuaria (IICA) se hicieron antes y se siguieron haciendo después. Con base en eso, la sugerencia del diario es que se “sopese” la pena y se considere su lugar de reclusión. “Arias no es un criminal de alto calibre ni debe ser castigado como si lo fuera”, concluye.

Semana también hizo algo parecido, antes de la sentencia final, pero lo hizo en sus páginas periodísticas, no en las columnas de opinión. “¿Condena exagerada?” fue el titular y ahondó un poco más en argumentos muy parecidos a los de El Espectador, pero le añadió un elemento subjetivo, que además no queda soportado en el desarrollo del artículo: “Su caso ha despertado solidaridad incluso en los antiuribistas”.

En La República, el inteligente y bien reputado Alberto Bernal sí consideró que Arias es un perseguido político, por una justicia infame y por cuenta de “una prensa sedienta de sangre y hoguera” y “con políticos infiltrados en el periodismo como Daniel Coronell”. Y hasta nos contó una chiva. O yo le entendí mal o no lo expresó muy claro, pero lo que sugiere es que su nombre sonó para ser ministro de Hacienda “de una administración alterna a la actual”. ¿Alterna es aquí sinónimo de competidora? ¿Podría haber sido Bernal ministro de Zuluaga?, ¿de Ramírez?

El argumento de una justicia que persigue inocentes por ser uribistas es justamente uno de los grandes pilares sobre los que se construye el Centro Democrático hoy, y ha terminado calando entre mucha gente. Y de refilón, legitima o al menos disculpa que María del Pilar Hurtado, Carlos Restrepo y (hasta este momento) Andrés Felipe Arias sean prófugos de la ley.

En un país serio este debate no tendría lugar ni sentido pues disponer de los recursos del Estado para cosas distintas a las que debieron destinarse es criminal, asígnese con o sin vericuetos en la contratación y llegue a los bolsillos que llegue la plata final. Es la plata de todos, la que yo pago todos los años en mi impuesto de renta.