¿Sirve el sistema penal acusatorio?

En estos días la Corporación Excelencia de la Justicia hizo un preocupante balance de la implementación del sistema penal acusatorio.

Este se introdujo hace diez años y consiste en un formato adversarial donde una parte, el Estado a través de un ente acusador, en el caso colombiano la Fiscalía General de la Nación, presenta una acusación ante un juez imparcial independiente quien debe condenar o absolver al ciudadano imputado en un juicio oral.

Mejor dicho, como en las películas de Perry Mason. 

Esta reforma, que el gobierno de los Estados Unidos ha impulsado con ánimo evangelista, modificó el sistema disfuncional vigente originado en la constitución de 1991 y que era un pequeño leviatán donde el Estado acababa fungiendo como juez y parte en el procesamiento penal de los ciudadanos.

Los resultados después de una década no son muy halagadores. En promedio hay más de 1.100.000 “noticias criminales” al año, o sea denuncias penales en diferentes formas, que se acumulan sobre otras 1.507.144, que actualmente están en trámite, para un total de más de 2.600.00 casos. 

Por otra parte, según la evaluación presentada, la efectividad del sistema es bastante cuestionable. En promedio, de todos estos expedientes solo 5 % termina en una decisión judicial, donde 38.810 fueron fallos condenatorios y 6.113 absolutorios. 

Esto quiere decir que, en la actualidad, una denuncia penal en Colombia acaba en 96% de los casos, eventualmente, en archivo o en absolución.

¿Quiere esto decir que el sistema fracasó? ¿Debemos reinventarnos, de nuevo, la justicia penal? ¿Hacer borrón y cuenta nueva?

No. La calentura no está en las sábanas. El problema no es de la arquitectura jurídica del sistema, que es bastante razonable y que tiene éxito probado en otros países. O sea, el problema no es de leyes, algo que desconcierta profundamente a los abogados criollos que tienen la idea de que la expedición de normas mágicamente logra sus objetivos por el solo hecho de publicarse en el Diario Oficial. 

El tema es de instituciones. Cuando se reformó el sistema penal en 2005 se le prestó mucha atención al tema legal y poco a la estructura institucional que lo debía implementar. Es como haberle metido un motor de Mercedes Benz a un Renault 4 modelo ’77. Recordemos que durante los primero años, críticos en la etapa de gestación del sistema, los fiscales generales no se caracterizaron precisamente por diligencia administrativa, empezando porque durante meses la entidad estuvo prácticamente interina. 

El equipo del fiscal Montealegre ha tenido que realizar en los últimos tres años muchas de las reformas institucionales que se debieron hacer una década. Por ejemplo, la creación de la “Unidad Nacional de Análisis y Contextos”, criticada de manera una tanto injusta, es en realidad un importante esfuerzo por darle sofisticación conceptual y técnica a la investigación de fenómenos criminales de alta complejidad. Así mismo, la asignación de un presupuesto significativo a la entidad, de más de $3 billones anuales, es un avance institucional que se le debe reconocer a la actual administración Eduardo Montealegre. 

Por otra parte, la opinión pública debe entender que el funcionamiento de la justicia penal no depende exclusivamente de la Fiscalía General. El ente acusador es solo un componente del sistema, que debe complementarse con los tribunales de justicia penal y con el sistema de cumplimiento de penas. Si estos tres elementos no obran coordinadamente, o si unos de ellos falla, el sistema colapsa.

¿De que serviría entonces una Fiscalía que acuse oportuna y adecuadamente si los jueces están en paro constante? ¿Y de qué sirve un buen proceso, con acusaciones serias y juicios ágiles, si la administración de penas es porosa y corrupta?

Los problemas complejos requieren de soluciones complejas. Echarle la culpa a unos o a otros de los resultados insatisfactorios del sistema es perder de vista que son parte de un todo integral que solo funcionando coordinadamente logrará los resultados que la ciudadanía demanda.