Hoy en día media una significativa distancia, cercana a los dos puntos porcentuales, entre la tasa de desempleo de la economía colombiana y la meta de 8.5% propuesta por el Gobierno para 2015. Tal como ocurre con otras metas de la actual administración, los niveles de desempleo a los que se aspira son altamente ambiciosos y carecen de precedente alguno en nuestro país. Sin embargo, no se debe perder de vista que, aunque lleguemos a conquistar tan retadoras cifras, continuaríamos en una situación de rezago respecto a economías de similar nivel de desarrollo, estando incluso por encima de la tasa de desempleo promedio de los países de América Latina, que según la OIT fue del orden de 6,4% en 2012.
La tasa de desempleo en un país puede bajar como respuesta a tres hechos: a un transitorio recalentamiento de la economía, a un cambio estructural en las condiciones productivas del país o a la implementación de reformas institucionales que mejoren la eficiencia de su mercado laboral. En Colombia, los dos primeros fenómenos lucen improbables en el corto plazo, pues contrario a un crecimiento económico por encima del potencial, se avizora un mediocre 2013 sucedido de una modesta recuperación en 2014-2015. La tercera condición es mucho más compleja de analizar. Cálculos recientes sugieren que la tasa de desempleo estructural de la economía colombiana se ha reducido durante los últimos diez años. Sin embargo, sus niveles actuales son del orden del 10%, y aunque presente un ligero sesgo a la baja por cuenta del positivo efecto que traerá consigo la reforma tributaria, será, en cualquier caso, superior al 8.5%. Por todo lo anterior, se podría anticipar que, bajo las condiciones actuales, la meta del Gobierno en términos de desempleo no se cumplirá.
La única esperanza en el corto plazo está dada por el tema normativo, donde se requiere la implementación de medidas que permitan flexibilizar aún más el mercado laboral y hacer más competitivos los costos de contratación. Sin embargo, la agenda de algunos congresistas desconoce de lleno esta realidad y transita arriesgadamente en el sentido opuesto. La semana pasada, por ejemplo, un acucioso y bienintencionado senador del Partido Verde radicó la llamada “Ley José”, donde se propone implantar el fuero de paternidad. Con ello, se impide el despido de los hombres durante el embarazo de sus parejas y hasta seis meses después del parto. En caso que fuera necesario prescindir de los servicios de una persona en tal condición, el empleador debería pagar una indemnización extraordinaria. Casi que en simultánea, un senador del Polo Democrático propone la resurrección del pago completo de dominicales y horas extras nocturnas, derogando la Ley 789 de 2002 y encareciendo la contratación, según sus propios cálculos, en dos billones de pesos al año.
En mi opinión, las iniciativas legislativas anunciadas la semana pasada se parecen en que son pésimas ideas, peligrosamente vestidas de revolucionarias reivindicaciones sociales. Nada más devastador en este momento de desaceleración económica que imponer mayores rigideces al mercado laboral y encarecer la mano de obra, poniendo límites a la generación de empleo. En el mediano plazo, la no reversión de los logros en la lucha contra la pobreza pasa, necesariamente, por la correcta inserción de la población vulnerable al mercado laboral. Del mismo modo, cuesta trabajo imaginarse la coreografía entre una paz sostenible y altas tasas de desempleo. En este sentido, los mencionados proyectos de ley, por atractivos que parezcan, terminarían prestando un flaco servicio a nuestra sociedad.
