España afirma que sin inmigrantes los bares cerrarían y los servicios se verían afectados

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El gobierno liderado por los socialistas afirma que los partidos de la oposición que pretenden frenar las políticas promigrantes de Madrid están poniendo en peligro pilares fundamentales de la vida española.

Ante el desplome de la natalidad, los servicios públicos en España dependen cada vez más de la mano de obra inmigrante, al igual que los bares y restaurantes, que son el motor económico de muchas ciudades, declaró la ministra de Inmigración, Elma Saiz, en una entrevista. Si se interrumpe ese flujo de mano de obra, añadió, las consecuencias serían dramáticas.

«Hemos elaborado un modelo de cómo sería España en 2075 si los flujos migratorios disminuyeran 30%», declaró Saiz en una entrevista en las Naciones Unidas en Nueva York. «Aumentaría la presión sobre el sistema sanitario. Cerrarían escuelas, explotaciones agrícolas, muchos bares y cafeterías. Cada ciudadano tendría que contribuir mucho más para mantener nuestros servicios públicos».

Sus declaraciones ponen de relieve un debate cada vez más conflictivo que marcará el futuro de la política española, mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se prepara para presentarse a la reelección el próximo año.

Sánchez, de 54 años, ha convertido su postura liberal sobre la migración, y el crecimiento económico que esta ha contribuido a generar, en un pilar fundamental de su campaña para la reelección. Sin embargo, el grupo de oposición ultraderechista Vox también busca capitalizar la preocupación por el acceso a los servicios, prometiendo dar prioridad a las personas nacidas en España en el acceso a empleos y servicios del sector público.

Esos argumentos se pondrán a prueba el domingo, cuando los votantes acudan a las urnas en Andalucía, la región más grande de España.

En un mundo trastornado por el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y preocupado por la inmigración, Sánchez ha asumido su papel de disidente, negándose a las exigencias estadounidenses de aumentar el gasto en defensa o de apoyar la guerra contra Irán, convirtiéndose así en blanco de la ira del presidente.

En abril, reforzó su compromiso con la integración de los inmigrantes en la sociedad española mediante un programa para otorgar permisos de residencia a extranjeros indocumentados que ya residen en el país. Para optar a este permiso, los solicitantes deben demostrar que llevan cinco meses en España y no tener antecedentes penales. No es necesario que tengan trabajo.

Las estimaciones iniciales del gobierno sugerían que 500.000 personas podrían aprovechar la oferta, pero altos funcionarios afirman que las solicitudes podrían ascender a 1 millón a finales de junio.

«Necesitamos población», afirma Rut Bermejo, investigadora sobre inmigración del centro de estudios Elcano en Madrid. «Otra forma de tener más jóvenes es tener hijos, pero Europa no cuenta con una política de natalidad que pueda solucionar ese problema».

Gracias al impulso que los inmigrantes dan al gasto interno y a la oferta de mano de obra, el Banco de España prevé una expansión de 2,3% este año, más del doble de la tasa de la zona euro.

Sin embargo, estos planes encuentran oposición por parte del Partido Popular, el partido tradicional de centroderecha del país, y de Vox, que ya gobiernan juntos en varias regiones españolas. Ambos partidos aspiran a derrocar a Sánchez en las elecciones del próximo año y las encuestas indican que están bien encaminados para obtener la mayoría de los escaños en el próximo parlamento.

«Los servicios públicos están colapsados ​​y existe la percepción de que las cosas están empezando a fallar», declaró Alma Ezcurra, eurodiputada del PP especializada en temas migratorios. Añadió que Sánchez está «transmitiendo el mensaje de que infringir la ley tiene recompensa».

Pero ambos grupos forman una alianza inestable. Vox se formó después de que sus líderes se separaran del PP y luego canibalizaran gran parte de su electorado.

Las encuestas sugieren que el PP mantendrá su mayoría absoluta en el parlamento regional andaluz a pesar de los intentos de Vox por arrebatarle apoyo. Si el PP necesitara recurrir a diputados de Vox para gobernar, esto aumentaría la influencia del grupo de ultraderecha de cara a las elecciones generales del próximo año.

Público dividido

La amnistía de este año forma parte de una política más amplia que ha propiciado un crecimiento demográfico de 3,5 millones de personas en España desde que Sánchez asumió el cargo en 2018. Actualmente, la población ronda los 50 millones, 25% más que a principios de siglo. Como consecuencia, el porcentaje de población nacida en el extranjero ha pasado de 2% en el año 2000 a casi 20%.

El gobierno estima que alrededor de dos tercios de quienes se beneficiarían de la amnistía son latinoamericanos, cuyo trasfondo lingüístico y cultural común facilita su asimilación en la sociedad española. También hay un número significativo de personas que llegan de África.

«En el contexto actual de presión y saturación en España, no puede entrar más gente, de ningún sitio, legal o ilegalmente», declaró Carlos Hernández Quero, diputado de Vox. «Ningún país puede soportar un aumento demográfico tan drástico en tan poco tiempo».

Vox también ha criticado el nivel de cualificación de los inmigrantes en una economía con menor productividad e innovación que algunos países de la UE. El gobierno afirma que la mayoría de los recién llegados trabajan en los sectores de servicios, construcción y cuidados.

Por el momento, los españoles están divididos sobre el tema. Una encuesta publicada este mes por 40dB para El País reveló que 38% de los encuestados apoyaba el programa, mientras que 33% se oponía.

El año que viene podrán decidir si su país continúa por ese camino.

“Necesitaremos entre 200.000 y 300.000 trabajadores adicionales al año para mantener nuestro sistema de bienestar social”, declaró Saiz, ministro de Inmigración. “La elección era clara: ser abiertos y prósperos o pobres y cerrados”.