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Exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas
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Glas se encuentra actualmente en prisión cumpliendo condenas en dos casos de corrupción anteriores mientras la justicia pide su comparecencia
Un juez de Ecuador dictaminó el lunes que el exvicepresidente Jorge Glas se enfrentará a juicio por el presunto uso indebido de fondos públicos asignados para la reconstrucción de las zonas costeras afectadas por el devastador terremoto de 2016.
Glas se encuentra actualmente en prisión cumpliendo condenas en dos casos de corrupción anteriores.
El juez Marco Aguirre decidió llamar a juicio a Glas y otro exfuncionario argumentando que había motivos suficientes para presumir su participación en el delito de presunto delito de peculado al liderar un comité de reconstrucción de las zonas afectadas en el terremoto.
La Fiscalía General había solicitado que Glas y otros ocho exfuncionarios, algunos de los cuales se encuentran fuera del país, se presenten a juicio en el caso.
Los fiscales acusan a Glas, quien lideraba un comité de reconstrucción de las provincia de Manabí y Esmeraldas, y a ocho exfuncionarios de incluir obras ajenas a las identificadas como prioritarias tras el devastador terremoto para su financiamiento.
Los fondos para la reconstrucción se recaudaron con contribuciones de los salarios de trabajadores públicos y privados y un aumento del impuesto al valor agregado (IVA).
La fiscalía ha dicho que además existiría un abuso de dinero público en beneficio de terceras personas que fueron contratistas y fiscalizadores de los contratos suscritos.
Por este caso Glas, quien fue vicepresidente en el gobierno de Rafael Correa entre 2013 y 2017, fue capturado tras una incursión el año pasado en la embajada de México en Quito, lo que provocó el rompimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.
La abogada de Glas, Sonia Vera dijo en X que la resolución era una persecución política.
"Se trata de una imputación que criminaliza decisiones de política pública adoptadas en el marco de un órgano colegiado", aseguró al señalar que no exista ningún indicio de apropiación o desvío de fondos públicos en beneficio de terceros.
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