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La medida no afecta a la deuda pública global de España, que en junio se situaba en 103,4% del producto interior bruto
El Gobierno español anunció el martes planes para absorber hasta US$97.000 millones de deuda en manos de los gobiernos regionales, en una medida destinada a liberar más recursos a nivel local, dijo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La idea se propuso inicialmente como un endulzante para Cataluña como parte de las negociaciones para formar Gobierno a finales de 2023, cuando Madrid ofreció concesiones a la rica región del noreste que había intentado sin éxito la independencia en 2017.
"Menos deuda significa más Estado del Bienestar e implica que las comunidades autónomas podrán dedicar mayor parte de los recursos a las políticas que tienen asignadas y que son muy importantes para la igualdad de oportunidades", dijo.
La medida, sin embargo, se enfrenta a desafíos en el Congreso, donde el Gobierno de coalición de izquierdas carece de mayoría.
La medida no afecta a la deuda pública global de España, que en junio se situaba en 103,4% del producto interior bruto, ya que las obligaciones de las comunidades autónomas ya están incluidas en el cálculo, dijo Montero en una rueda de prensa.
Cuando a principios de 2025 se anunció por primera vez el plan para absorber entre 18% y 50% de los pasivos de cada región, Fitch Ratings dijo que la medida sería positiva desde el punto de vista crediticio y podría dar lugar a algunas acciones positivas de calificación de la deuda regional.
La oposición conservadora del Partido Popular, que gestiona varias regiones, ha dicho que se opondrá al proyecto de ley, ya que premia a las comunidades autónomas más derrochadoras.
Montero también dijo que el Gobierno presentará pronto en el Congreso la llamada propuesta de senda de estabilidad, que es el primer paso hacia la elaboración de un proyecto de ley de presupuestos para 2026, y que se ha dicho a los ministerios que presenten sus planes de gasto.
España ha prorrogado dos veces sus presupuestos para 2023 sin presentar siquiera un proyecto de ley en el fragmentado Congreso, donde el Gobierno se enfrenta a un ejercicio de equilibrismo en cada votación al sopesar concesiones a varios partidos de todo el espectro.
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