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Las personas obtendrían los recursos solicitados en un plazo de 10 días desde la solicitud y no se deberán reintegrar los fondos
El Congreso chileno aprobó el jueves un segundo retiro de los ahorros en los fondos de pensiones privados luego de intensas negociaciones con el gobierno para evitar que bloqueara la iniciativa, creada para dar alivio a las familias en medio del impacto de la pandemia de coronavirus.
A finales de noviembre, el Senado dio luz verde a una propuesta gubernamental alternativa a un proyecto de diputados opositores, pero que sumaba impuestos, restricciones sobre quién puede acceder al beneficio y la devolución de los fondos.
Debido a las modificaciones aplicadas por los diputados, que eliminaron la mayor parte de las propuestas del gobierno, el proyecto volvió para su aprobación final al Senado, donde logró 41 votos favorables y una abstención.
"Queda despachado para ser promulgado como ley", dijo Adriana Muñoz, presidenta del Senado.
El proyecto pasará a la firma del presidente Sebastián Piñera.
Las personas obtendrían los recursos en un plazo de 10 días desde la solicitud y no se deberán reintegrar los fondos, mientras que las personas con mayores rentas tendrán que pagar impuestos si realizan el retiro.
El gobierno sostiene que los retiros al criticado sistema previsional privado creado en la dictadura de Augusto Pinochet afectarán las pensiones futuras, además de aumentar la carga fiscal del Estado para compensar las jubilaciones.
Las controvertidas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) fueron centro de la ola de protestas sociales que sacudieron al país desde octubre del año pasado y que cesaron con la llegada de la pandemia de coronavirus en marzo.
Piñera se ha comprometido a una profunda reforma del sistema de pensiones, en medio de los reclamos por las bajas jubilaciones que otorga.
El Congreso aprobó un primer retiro parcial de los fondos en julio, con apoyo de legisladores oficialistas, como una manera de enfrentar la crisis económica, lo que ha tenido un efecto en la reactivación de la economía local.
En su anterior plan trienal, el grupo controlado por el Estado italiano había previsto unos gastos de capital por valor de 43.000 millones de euros (IUS$50.731 millones)
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