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Comisión Europea abre investigación por presunta violación de LMD
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Autoridades españolas disponen ahora de dos meses para subsanar los defectos y carencias señalados por el Ejecutivo comunitario
La Comisión Europea ha abierto expediente a España por no eliminar las condiciones de empleo discriminatorias en los contratos de trabajadores interinos en el sector público a través de una segunda carta de emplazamiento en la que pide incorporar correctamente a la legislación nacional la directiva europea que prohíbe la discriminación de los trabajadores con contrato de duración determinada.
En este sentido, Bruselas avisa de que la legislación española contiene condiciones de empleo menos favorables, como los derechos de vacaciones, para los empleados interinos (con contrato de duración determinada) que trabajan en el sector público español en comparación con los empleados fijos, informa Europa Press.
Según la Comisión, esto representa una discriminación contraria al Derecho comunitario, por lo que ya inició este procedimiento de infracción en 2014 y aunque reconoce que desde entonces España ha modificado las normas, persisten los problemas de discriminación.
En su segunda carta de emplazamiento adicional, la Comisión advierte de deficiencias en las diferencias de trato en relación con el cálculo de la antigüedad, el derecho a algunos tipos de permisos o el acceso a las trayectorias profesionales.
Las autoridades españolas disponen ahora de dos meses para subsanar los defectos y carencias señalados por el Ejecutivo comunitario o de lo contrario, podrá dar un ultimátum de dos meses para su aplicación antes de recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El pasado mes de julio, el TJUE dictaminó que la conversión de interinos en trabajadores con contrato indefinido (que no en funcionarios) puede ser una medida adecuada para prevenir y sancionar los abusos de temporalidad en la administración pública siempre y cuando "no implique una interpretación del Derecho nacional contraria a la ley".
Esta decisión se produjo apenas un mes después de que el Tribunal Supremo decidiera que el acceso a la función pública, sin hacer las correspondientes pruebas u oposiciones, "es incompatible con el sistema español de autoorganización de su propia administración pública" y, por lo tanto, desestimara la conversión automática y judicial de los interinos en fijos.
El Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos acordaron en junio que actuarán sobre el problema de los interinos cuando vean cómo se pronuncian los tribunales españoles sobre la sentencia del TJUE.
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