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BANCOS

Sector financiero advierte por abuso de la insolvencia para evadir el pago de deudas

miércoles, 22 de abril de 2026

Asobancaria denunció que en la última década los casos de insolvencia se han incrementado 5.000%, al pasar de 400 incidentes a 20.000

El sector financiero advirtió sobre un nuevo fenómeno que estaría afectando sus finanzas, se trata del uso indebido de la insolvencia, una figura legal que en algunos casos se estaría utilizando para cometer fraude. Así lo denunció Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, quien señaló que en una década se pasó de 400 a 20.000 casos, lo que supone un incremento de 5.000%.

El dirigente gremial aseguró que para este año proyectan que se registren 35.000 casos de este tipo, lo que impacta al sistema financiero. Explicó que el uso de esta figura sin una necesidad real y con el propósito de evadir el pago de obligaciones, deteriora la confianza en los deudores, eleva las exigencias para acceder a financiamiento y encarece el costo del crédito.

Esta denuncia la realizó el gremio de banqueros porque detectaron un crecimiento inusual de reportes de insolvencia en los últimos dos años. Esto les permitió detectar un supuesto “cartel de la insolvencia”, presuntamente operado por grupos de abogados asesores y centros de conciliación que recurren a maniobras irregulares para facilitar el acceso indebido a este mecanismo. “En algunos casos, se ha identificado la creación de deudas ficticias con el propósito de cumplir los requisitos y promover acuerdos que resultan lesivos para los acreedores reales”.

Sector financiero advierte por abuso de la insolvencia para evadir el pago de deudas
Gráfico LR

“Se han detectado situaciones recurrentes que nos permiten advertir sobre una estructura criminal, un cartel de la insolvencia a través de asesorías para evadir el pago de obligaciones con el sistema financiero, el sector real, las telecomunicaciones, los proveedores, entre otros, lo que genera consecuencias para los implicados como la pérdida de confianza, el reporte a las centrales de riesgo, barreras de acceso al crédito e incluso consecuencias penales”, dijo.

Asimismo, Iván Cancino, abogado penalista, señaló que los abogados, las personas que se declaran en insolvencia haciendo trampa y los prestanombres que permiten usar su identidad para servir como acreedores ficticios en estos procesos, incurren en conductas punibles y se pueden ver inmersos en delitos como concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento. Si son condenados pueden terminar en la cárcel.

LOS CONTRASTES

  • Jonathan MalagónPresidente de Asobancaria

    “Evadir el pago de las obligaciones con el sistema financiero genera consecuencias para los implicados como pérdida de confianza, barreras de acceso al crédito e incluso consecuencias penales”.

Vale la pena mencionar que el uso indebido de la figura de insolvencia, sin una necesidad real y con el único propósito de evadir el pago de obligaciones, afecta la confianza en los deudores, incrementa las exigencias para el acceso al financiamiento y encarece el costo del crédito.

Por su parte, Diana Talero, presidente del Instituto Colombiano de Derecho Concursal, advirtió que la figura de la insolvencia fue creada para aquellos deudores que realmente se encuentran en una situación de crisis, no para evadir el pago de las obligaciones, mientras que los abogados que adelanten casos de insolvencia de forma tramposa podrían perder su tarjeta profesional e ir a la cárcel.

De hecho, Santiago Soto, director general de Santiago Soto Luna & Abogados explicó que para que una persona natural se declare en insolvencia debe tener una mora igual o superior a 90 días en deudas que sumen por lo menos 30% del total de los pasivos, y tener por lo menos dos acreedores

Pero alertó que si el deudor utiliza esta figura para defraudar a sus acreedores puede tener consecuencias tanto civiles como penales. Entre otras cosas porque las actuaciones entre particulares deben regirse bajo el principio de buena fe.

“En cuanto al desarrollo del proceso, si se evidencian conductas fraudulentas, la entidad o el acreedor puede decretar el fracaso de la negociación y dar por terminado este sin que pueda suscribirse un acuerdo con los acreedores y daría eventualmente pie a liquidación patrimonial, donde en vez de un acuerdo de pago que permita cancelar las acreencias, al deudor le toque responder con su patrimonio, ejemplo vehículos, inmuebles entre otros.”, dijo.

Sobre las consecuencias penales explicó que puede ser judicializado por estafa, fraude procesal o alzamiento de bienes.

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