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La medida empezó a regir desde el 20 de septiembre para todas las entidades que desarrollen actividades financieras, bursátiles y de seguros
Desde el 20 de septiembre todas las entidades que desarrollen actividades financieras, bursátiles, de seguros y cualquier otra relacionada con la captación, manejo y aprovechamiento de los recursos públicos, deben expedir todos los documentos relacionados con garantías bancarias, los contratos de seguro de cumplimiento y los patrimonios autónomos, a través de mecanismos electrónicos.
Esta medida dada por la la Superintendencia Financiera será con el fin de prevenir fraudes en los procesos de contratación. Lo que se busca es que todos las entidades puedan verificar fácilmente el origen, características y demás elementos relevantes de los documentos expedidos en su actividad.
Para tal fin, estos documentos deberán contar con firma digital y estampado cronológico, con el propósito de garantizar su validez, integridad y completitud. Asimismo, estos documentos deben disponer de un mecanismo que permita la verificación en línea, como puede ser un QR o un Cufe.
Para evitar sanciones, los vigilados deberán incorporar estos mecanismos a sus procesos, buscando, para ello, una entidad de certificación digital que pueda proveer estas tecnologías especializadas. Entre las opciones está Certicámara.
“Durante 2020, Certicámara emitió más de 55.000 firmas digitales en todo el territorio nacional y 94, 5 millones de estampas cronológicas impresas para proteger la identidad de las personas, a la vez que garantizar la integridad y no repudio de los documentos en entornos electrónicos”, dijo Martha Moreno, presidente ejecutiva de Certicámara.
La firma digital es un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento matemático y vinculando a una clave al firmante, permite determinar la identidad del titular, garantizar el no repudio, la autenticidad e integridad del documento.
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