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Giovanny Rubiano, superintendente de Salud
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El superintendente de Salud, Giovanni Rubiano, cuestionó a Colsubsidio tras la terminación del contrato con Famisanar
Tras la terminación del contrato entre Famisanar y Droguerías Colsubsidio para la dispensación de medicamentos, Giovanny Rubiano, superintendente de Salud, cuestionó a los gestores farmacéuticos por lo que calificó como entregas incompletas a los afiliados.
“No entrego oportunamente, ni de manera completa porque tengo deudas del pasado. Así no es señores gestores farmacéuticos. El gestor Colsubsidio dice: nos deben más de $700.000 millones y mi pregunta es, quiénes son los dueños de Famisanar, Cafam y Colsubsidio”, comentó el funcionario.
Famisanar, que se encuentra bajo control estatal desde 2023, acusó a Droguerías Colsubsidio de "reiterados y sistemáticos incumplimientos en la dispensación de medicamentos", razón por la que entregó el contrato a cuatros nuevos proveedores: Ramédicas, Marcazsalud, Sikuany y Discolmets, que iniciarán la transición desde el 1 de agosto.
Ante los señalamientos, Colsubsidio emitió un comunicado en el que se lee que "es importante mencionar que la deuda total de la EPS Famisanar a Colsubsidio, con corte a 30 de junio de 2025, es de $781.201 millones, de los cuales $208.707 millones corresponde a dispensación de medicamentos y $572.494 millones por concepto de prestación de servicios de salud en la red de clínicas y centros médicos ambulatorios".
"Durante la vigencia de este contrato, hemos actuado con compromiso, transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos asignados y, en la medida de lo posible, velando porque cada paciente acceda a sus medicamentos de manera oportuna", señaló Colsubsidio.
En esas mismas líneas, la entidad indicó que "en repetidas ocasiones se informó a la EPS Famisanar del riesgo en la dispensación de medicamentos por no contar con los inventarios suficientes para atender la demanda de los usuarios como consecuencia del no pago oportuno".
Luego del pronunciamiento de Colsubsidio, la Superintendencia de Salud realizó una auditoría a Colsubsidio en los establecimientos ubicados en Plaza Central y en el Centro de Distribución de Medicamentos, Cedi, encargado de distribuir a nivel nacional (excepto Antioquia).
"Por medio de la auditoría evidenciaron la existencia de 11.855 unidades de medicamentos que se encontraban en el listado de pendientes en los establecimientos. Por esto, la Supersalud ordenó a Colsubsidio hacer entrega de estos en las próximas 48 horas hábiles", aseguró la supervisora.
Durante el pronunciamiento en el que cuestionó a Colsubsidio, Rubiano mencionó que "se debe avanzar hacia la negociación conjunta para garantizar la entrega completa y oportuna, sin intermediación de esos gestores farmacéuticos".
A mediados de junio, la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, les dio autorización a las EPS para realizar la negociación conjunta a la que se refirió Rubiano. Al llegar en bloque a la mesa, el propósito consiste en pujar a la misma vez para que el proveedor acceda a mermar precios; de esa manera, tal como lo indicó la SIC, se buscará generar eficiencia financiera y tener los inventarios nutridos para responderles a los 52 millones de afiliados al Sistema de Salud.
Sin embargo, según consultores independientes, la formación de precios es mucho más compleja, no se determina por un solo actor de la cadena y presionar los márgenes de los gestores podría agudizar los líos de insolvencia; un escenario en el que la continuidad del servicio estaría en riesgo.
En este contexto de insuficiencia financiera entre las EPS, Audifarma fue el primer gestor farmacéutico que acogerse al proceso de reorganización para tratar de resolver sus deudas y evitar una posible liquidación. En este caso, el contrato de dispensación con Nueva EPS, también intervenida por el Gobierno, representaba cerca de 45% para sus ingresos y los impagos la llevaron a una situación financiera adversa.
El debate público sobre la crisis financiera de las EPS y su transmisión a otros eslabones de la cadena sigue su curso entre el Gobierno, gremios y prestadores del servicio médico.
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