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Durante el debate en el Concejo de la Capital se presentaron algunos disturbios en las afueras del recinto por ciudadanos que marchan en contra de la venta de la empresa, pero con la presencia del Esmad las autoridades controlaron la situación.
El documento fue presentado a través del abogado Germán Calderón España, en el Cabildo Distrital, antes del debate sobre la venta de esta telefónica. Según el sindicato, el Concejo no puede autorizar la venta de la participación accionaria del Distrito en la ETB porque esa facultad se la debe dar por parte de una autorización legislativa y no normativa.
El sindicato sostiene que “el artículo 41 transitorio de la Constitución de 1991 no tenía la entidad para atribuirle al Concejo esta clase de autorizaciones, puesto que la normatividad que rige al Distrito Capital no proviene de una ley expedida por el Congreso de la República”.
Además, el documento asegura que el Concejo ha avalado de manera temporal a los Concejos Municipales para otorgarles a los mandatarios estas funciones y para celebrar contratos; lo que el sindicato califica como “atribuciones” que se encuentran entre los limites de la constitución.
Este límite lo pone la Carta Magna en el artículo 2, que ratifica en papel del estado en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación; además de la participación democrática en la planeación del desarrollo.
Por otro lado, el sindicato asegura que por ser empresa prestadora de servicios públicos su existencia es de reserva legal, bajo una sentencia la Corte Constitucional, y que el Concejo carece de competencia.
El documento también manifiesta que no se puede vender la ETB porque el Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, está vedado para esto y el Concejo tampoco puede autorizarlo.
Asimismo, el sindicato resalta “la incertidumbre jurídica por la que atraviesa la administración Peñalosa, en la que no pueden caer los Concejales de Bogotá, por casos como el de las empresa prestadoras de servicios públicos de ambulancias, en donde mientras los ciudadanos se mueren en las calles las autoridades aseguran que eso es normal; o como el de la mártir de la inseguridad Rosa Elvira Cely, en el que el Distrito dijo que ella era quien tenía la culpa de su fatal suerte”.
Por otro lado, Calderón España, quien radicó una solicitud de adopción de medidas necesarias en la defensa del patrimonio público de los bogotanos ante la venta de la ETB, mostró su inconformidad con el tratamiento dado a dicha solicitud.
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