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Se debe, a que la facturación electrónica cada vez más, se acerca a un requisito de suma obligatoriedad para el empresariado en el país
Según un estudio de la empresa de tecnología contable y facturación electrónica, Alegra.com, las Mipyme han creado más de 150.000 facturas en lo que va del año. Los datos fueron revelados en un estudio sobre adaptabilidad de la facturación electrónica en este tipo de empresa, las cuales, según Alegra.co, representan 90% del tejido empresarial del país.
El anterior aumento en las facturas por parte de las microempresas, según explicó Alegra.co, se debe a que la facturación electrónica cada vez más se acerca a un requisito de suma obligatoriedad para el empresariado en el país, pues el 1 de noviembre de 2020, todas las empresas en Colombia deberán estar generado facturación electrónica en sus procesos.
Sin embargo, el estudio reflejó que ese proceso de tránsito de facturación de modelo antiguos o tradicionales a la electrónica, pudo haberse visto afectada por la pandemia.
Sin embargo, el panorama no es crítico.
El estudio señala que las Mipyme “han sumado más de $576.000 millones mensuales a través de la facturación electrónica en Colombia, esto sin contar las transacciones que se han realizado a través de la facturación tradicional”.
El sector de cuidado personal, estética y salud es el que más han facturado electrónicamente con más de $71.000 millones reportados. En contraste, dice el estudio, con las del sector de hotelería y turismo que han facturado electrónicamente debajo de los $500 millones en este periodo.
Por último, el estudio reveló que los sectores que presentan mayor adaptabilidad a la facturación electrónica son los del comercio al detal, servicios especializados, tecnología y telecomunicaciones.
Para Andrés Torres, líder de facturación electrónica de Alegra.com, la facturación electrónica es una herramienta que ayuda a las empresas a optimizar los procesos y ahorrar gastos.
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Este trámite se remonta al 7 de octubre de 2016, cuando la Supersociedades ordenó a Rédito S.A. la suspensión inmediata de su actividad de factoring, por considerar que constituía captación ilegal de dineros del público