El decreto propuesto por la secretaría de movilidad busca que los carros blindados también deban pagar para no tener pico y placa

Ana María Sánchez - amsanchez@larepublica.com.co

El negocio de blindaje en Colombia llegó a suplir la necesidad de seguridad y protección que muchos requerían por la dinámica de violencia que enfrentaba el país, especialmente en épocas donde grupos al margen de la ley, narcotráfico y delincuencia común se apoderaban de la tranquilidad de muchos. Fue así como en su momento también se estableció que a estos vehículos se les permitiría transitar sin restricción de pico y placa a partir de cierto grado de blindaje.

Este último punto, en momentos donde la ola de violencia ha bajado en el país, había hecho que fuera un incentivo para seguir adecuando o comprando vehículos de segunda mano con estas características.

Sin embargo, con la nueva medida del Distrito de Bogotá, que establece que estos vehículos también tendrían pico y placa o se debe pagar para estar eximidos, ya ha golpeado el mercado de los usados y sus elevados costos de mantenimiento han hecho que su precio en el mercado de segunda se desplome hasta 50%.

Por ejemplo, una camioneta Volvo o una Toyota modelo 2019 con blindaje de nivel 3 pasó de costar  $150 millones a cerca de $70 millones. Esto, según los expertos se ha visto porque sin el incentivo del pico y placa los costos en combustible y llantas, entre otros, no hacen atractivo costear el mantenimiento de estos carros. 

Tipos de blindaje

El blindaje para vehículos se divide en dos diferentes categorías, según la normatividad internacional de balística que entrega el manual de vehículos blindados de la Superintendencia Nacional de Vigilancia y Seguridad Privada (Supervigilancia).

El nivel I, II, y III está diseñado para proteger autos de cualquier ataque con armas conocidas como cortas, estas pueden ser revólveres, escuadras y subametralladoras, las cuales según la Policía Nacional de Colombia son las que más se usan entre la delincuencia común.

La otra categoría se compone de los niveles IV y V, los cuales están diseñados para proteger vehículos de ataques de todas las armas, incluyendo las de largo alcance, como rifles de asalto y algunas escopetas. Esta categoría, incluyendo el nivel III, es el que hoy está exento de pico y placa en cualquier ciudad.

LOS CONTRASTES

  • Juan Carlos PadillaExperto en seguridad

    “Colombia tiene una de las mejores blindadoras del mundo, es reconocida a nivel internacional. Sin embargo, desde 1994 hay normas estrictas al respecto para hacerlo”.

  • Nestor MonroyDirector comercial y socio de Autosafe

    “La medida del Distrito para que un vehículo blindado de uso diferente al Gobierno quede exento de pico y placa viola el derecho fundamental de la igualdad”.

Sin embargo para obtener este nivel de blindaje, hace falta algo más que dinero, pues es necesario obtener un permiso por parte de la Supervigilancia, que cuenta con diferentes requisitos (Ver gráfico), entre ellos demostrar que la vida de las personas que usan el auto se encuentra en riesgo.

Ahora, con este exceso de trámites, más costos adicionales, las personas también están desistiendo de adecuar más carros de este y tipo y las empresas que hacen este proceso ya lo están sintiendo en sus ingresos.

El secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, en su momento explicó que con esto buscan que las personas que blindan sus carros para estar exentos de la medida no lo hagan, y que si lo hacen le aporten recursos al Distrito, al igual que lo harán los carros que no tengan esta adecuación.

Las opiniones del mercado

Para las empresas, muchas personas necesitan la protección, pero los costos, más el pago de pico y placa, hacen que no sea posible y la medida tendría cierta discriminación ya que los carros oficiales si mantendrían la exención de la medida.

Además, “es muy delicado que el Gobierno quiera compensar con dinero el problema ambiental. Son decisiones del Estado, y no hay nada que hacer, pero no estamos de acuerdo”, agrego el experto en blindaje, Elkin Osorio.

Además, directivos de reconocidas empresas de blindaje como Blindcorp, Autosafe coinciden en que esta medida afectará las ventas del servicio de blindado que ofrecen más de 50 empresas que están en este mercado.

Es importante tener en cuenta también que los costos entre las dos opciones difieren en un alto porcentaje. Un sondeo de LR encontró que blindar un vehículo puede costar mínimo cinco veces más que pagar el monto que propone la Secretaría.

A pesar de que este monto varía según el lugar que se escoja, un promedio otorgado por algunos expertos del gremio, está entre los $20 millones y $70 millones, dependiendo el nivel de blindaje que necesite. Además, necesitaría analizarse con pruebas el nivel que requiere ya que depende del riesgo al que este expuesto.

“Solo los vehículos de entidades estatales quedarán exentos, esto nos va repercutir en que va haber menos personas blindando, porque muchas de las personas que deciden blindar su carro lo hacen por protegerse y por estar exentos de pico y placa, pero por eso tiene un monto alto, no todos pueden hacerlo”, afirmó Osorio.

Al momento en Colombia existen más de 15 millones de vehículos registrados, según datos del Runt, de los cuales ni el 1% es de vehículos blindados, puesto que este servicio no se hace de manera masiva, y además tiene ciertos requisitos que deben ser cumplidos, por lo que el nicho se vuelve aún más pequeño.

Según datos de mercado otorgados por expertos en blindaje, al año se blindan entre 1.000 y 1.200 carros, por lo que hoy circulan entre 50.000 y 55.000 carros blindados, siendo el 55% de esa cantidad vehículos usados por personas de diferentes entidades del Gobierno.

Es importante destacar que dentro del decreto de la entidad de movilidad de Bogotá, los autos del Gobierno no serán objeto de esta medida y podrán circular todos los días, sin tener que pagar un importe adicional, por lo que muchos expertos lo ven como discriminatorio.

Algunas personas relacionadas al gremio como Néstor Monroy, director comercial de Autosafe de Colombia, afirma que dejar exentos de la medida a las personas del Gobierno, pero no a las personas comunes que sufren cada día de actos de inseguridad en varias ciudades del país, afecta el derecho por la seguridad, al que Monroy asegura que es primordial no para unos, sino para todos los ciudadanos.