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Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco
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En específico se refiere a modificaciones sobre la tercerización laboral y la negociación colectiva sectorial
Jaime Alberto cabal, presidente de Fenalco, Federación Nacional de Comerciantes de Colombia, expresó preocupación por "la grave extralimitación del Ministerio de Trabajo, que pretende imponer, mediante dos proyectos de decreto, medidas que fueron rechazadas de manera explícita por el Congreso de la República durante el trámite de la Reforma Laboral".
"Estas iniciativas vulneran el principio de legalidad, exceden la potestad reglamentaria y buscan reintroducir, sin competencia alguna, transformaciones profundas que únicamente pueden ser discutidas y aprobadas por el legislador", comentó el líder gremial.
El primer artículo al que se refiere es: la negociación colectiva sectorial, "un modelo rechazado que se pretende imponer por vía administrativa". En el primer proyecto de decreto plantea una modificación al sistema de relaciones laborales al permitir que:
"Un solo sindicato negocie por todo un sector económico, obligando a empresas y trabajadores que no participaron en la negociación. Todos los trabajadores deban pagar cuotas sindicales, sin importar si están afiliados o no", explica.
También señaló que con ello, las empresas se verán forzadas a entregar información económica sensible sin sustento legal. "Estas medidas reintroducen, por decreto, propuestas que el Congreso descartó, vulneran la libertad de asociación y transforman la negociación colectiva sin respaldo normativo", agregó el vocero de los comerciantes.
El segundo aspecto sería la tercerización laboral, aquí se reincorporan disposiciones que fueron negadas por el Legislativo, entre ellas:
"El proyecto presume ilegalidad en la tercerización empresarial, señalando como infractores a contratistas y empresas que tercerizan sin ‘organización propia' o 'estructura productiva especializada', categorías que no existen en la ley", comentó.
Y con ello, también habría restricciones severas para las Empresas de Servicios Temporales (EST), unas de ellas sería impedir su intervención en actividades permanentes y limitar a 10% los trabajadores en misión.
Fenalco lo cataloga como "supuestas medidas preventivas que operan como sanciones encubiertas", esto porque habría suspensión de contratos civiles y comerciales, vinculación obligatoria de personal y cierre de actividades empresariales, sin competencia ni habilitación legal.
"Estas disposiciones penalizan esquemas legítimos de organización empresarial y trasladan funciones jurisdiccionales a la administración, sin que la ley lo autorice", agregó Cabal.
El gremio dijo que es especialmente preocupante que se pretenda expedir estos decretos durante la vacancia judicial (inicia el 20 de diciembre) y a pocos meses de las elecciones, "circunstancias que dificultan un control inmediato por parte del Consejo de Estado y permiten que normas sin sustento legal entren en vigencia, alterando el marco laboral del país en un momento de alta sensibilidad económica y política".
Fenalco instó a suspender la expedición de estos decretos y a llevar cualquier reforma estructural del régimen laboral al Congreso. "El país merece decisiones tomadas con transparencia, rigor técnico y respeto por la institucionalidad democrática", concluyó Cabal Sanclemente.
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