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En caso de ganar la disputa en la justicia internacional, el grupo Keralty destinaría los recursos a "recompensar el daño" a la salud
El grupo Keralty, propietario de EPS Sanitas, va a acusar al Estado colombiano por "incumplimientos reiterados" de los compromisos sobre la sostenibilidad financiera del sistema de salud. La disputa, según los accionistas del grupo, se va a decidir en la justicia internacional.
El grupo argumenta haber buscado dialogar con el Gobierno para llegar a un acuerdo. La entidad alega que la situación financiera del sistema ha agravado las prestaciones de salud y ha perjudicado a los usuarios. En noviembre de 2024, hubo 21.990 reclamos a la EPS.
Además, el grupo Keralty aclaró que el total de la posible indemnización iría destinado a "recomponer el gravísimo daño causado por el Estado colombiano al sistema de salud mediante el fortalecimiento de EPS Sanitas con dichos recursos", asegura en un comunicado.
El grupo Keralty es dueño de Colsanitas desde 1991 y cuenta con inversiones en Venezuela, Perú, Brasil, Estados Unidos y México. En 2022, la compañía llegó también a Puerto Rico y República Dominicana. Por otro lado, vale la pena recordar que EPS Sanitas fue intervenida el 2 de abril del año pasado.
De acuerdo con Rafael Felipe Gómez, abogado experto en derecho comercial, “si el Estado colombiano interviene en empresas, especialmente en aquellas con participación extranjera, y no se cumplen los requisitos establecidos por las leyes y regulaciones nacionales, las instancias internacionales pueden intervenir en función de los tratados internacionales de inversión y protección de inversiones de los que Colombia sea parte”.
El experto explicó que hay varias instancias a las que podría acudir Keralty en busca de proteger sus intereses. Por ejemplo, mencionó los tribunales internacionales de arbitraje, en los que se incluye el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, Ciadi, del Banco Mundial o tribunales de arbitraje ad hoc.
También, señaló que el Fondo Monetario Internacional, FMI, y la Organización Mundial del Comercio, OMC, pueden desempeñar un papel en la resolución de disputas entre inversionistas extranjeros y el Estado colombiano.
Agregó que “Colombia ha firmado tratados bilaterales de inversión con varios países, que establecen derechos y obligaciones para los inversionistas extranjeros. Si un inversionista considera que sus derechos han sido vulnerados, puede invocar las disposiciones de estos tratados y buscar remedios a través de los mecanismos de solución de controversias previstos allí”.
Señaló que los acuerdos comerciales que se hayan firmado con otros países pueden incluir disposiciones relacionadas con la protección de las inversiones extranjeras y los inversionistas pueden apelar a ellas.
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