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La empresa BD Promotores le debe a sus proveedores una cifra estimada de $4.000 millones por el concepto de acabados y arrendamientos y la única salida luego de declararse insolvente fue el embargo de la marca.
A los líos de demoras en entrega de obras, de incumplimiento a los inversionistas y de escándalos por un rumor de quiebre, al BD Bacatá le llega otro palo en la rueda esta vez por causa de su nombre.
El edificio más alto del Bogotá tiene su nombre insignia embargado en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). La empresa BD Promotores le debe a sus proveedores una cifrada estimada de $4.000 millones por el concepto de acabados y arrendamientos y la única salida luego de declararse insolvente fue el embargo de la marca.
El litigante de la firma Muñoz Abogados, Juan Camilo Osorio Gaviria, es el representante de tres de ellos: Obiprosa, Attmósferas y Panel Rock. Él y sus amparados radicaron una demanda contra los responsables del proyecto Bacatá el 30 de marzo de 2017 para exigirle el pago de $750 millones por la prestación de sus servicios.
Después de la diligencia, la empresa fue notificada por el juzgado, pero nunca contestaron. El apoderado de los afectados dice que se acercó a ellos en varias oportunidades para conciliar y no tener que recurrir a otras instancias y la contraparte se opuso tajantemente sin ofrecer explicaciones. Luego llamaron a Osorio con la intención de arreglar los desmanes, pero volvieron a desaparecer.
En vista de que la encargada del megaproyecto no tenía intenciones de llegar a un acuerdo, Obiprosa, Attmósferas y Panel Rock le solicitaron al juzgado del caso el decreto de embargos a las cuentas bancarias, inmuebles y de los establecimientos de comercio. El togado les concedió la petición, sin embargo, se encontraron con una nueva sorpresa. BD Promotores no tenía fondos en ninguna de su cuentas bancarias registradas. Los deudores fueron declarados insolventes y no hubo aplicación efectiva de la medida. Esto sorprende porque la empresa ejerce una actividad comercial y promete rentabilidad a sus inversionistas.
Osorio comentó que “parecía que las empresas se iban a quedar sin recursos para exigirle a BD Promotores el cumplimiento de sus obligaciones. No obstante, la ley 1564 de 2002 abrió el margen en la legislación colombiana para embargar bienes innominados, es decir, los intangibles, en este caso, la marca BD Bacatá Downtown”.
El juez concedió de nuevo la solicitud de embargo, y cuando se iba a dictar el oficio, los abogados de BD no aparecieron ni presentaron oposición alguna.
La Superindustria recibió la orden del juzgado y embargó el bien. Esto quiere decir que la nominación no se puede vender ni negociar. Si los dueños insisten en no cumplir con sus obligaciones en los estrados, la marca será secuestrada, los peritos evaluadores le pondrán un precio y luego se rematará.
AL habló con Judy Rodríguez, gerente de mercadeo en BD promotores. Cuando se le preguntó por los trámites mencionados aseguró que sus empleadores no han recibido ninguna citación formal por parte de la justicia. En este momento, la única solución para que el edificio conserve su nombre es pagar.
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