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La medida que sacaría a Airbnb de Colombia
La normativa, tal como está planteada, podría provocar una crisis que amenaza 250.000 empleos y la operación de 70.149 viviendas turísticas formales
El sector de la vivienda turística en Colombia se encuentra en alerta ante un proyecto de decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Min CIT, que busca modificar las reglas del juego para el Registro Nacional de Turismo (RNT). El borrador fue presentado el pasado jueves y sería firmado mañana.
Según la Asociación Colombiana de Prestadores de Servicios Turísticos por Medio de Plataformas Digitales, Asohost, la normativa, tal como está planteada, podría provocar una crisis que amenaza 250.000 empleos y la operación de 70.149 viviendas turísticas formales.

El gremio advierte que 80% de los prestadores quedaría fuera del sistema, no por falta de voluntad, sino por la imposibilidad material de cumplir los requisitos antes de la renovación del registro, cuyo plazo vence el 31 de marzo.
El gremio estima que el impacto económico de esta medida afectaría los $10,6 billones anuales que genera esta industria para el país. El eje de la controversia radica en el cambio de naturaleza del RNT: pasaría de ser un registro declarativo basado en la buena fe, a convertirse en una licencia restrictiva que exige verificaciones previas de difícil cumplimiento, según el gremio.
El análisis de Asohost señala que el decreto exigiría certificaciones de uso de suelo en municipios con Planes de Ordenamiento Territorial (POT) desactualizados y modificaciones a los reglamentos de propiedad horizontal, trámites que en la práctica son complejos de gestionar. Adicionalmente, se requerirían certificaciones de bomberos y conceptos sanitarios individuales por inmueble, cuyos tiempos de expedición pueden tardar meses.
Juan Camilo Vargas, director ejecutivo de Asohost, calificó la medida como desproporcionada: “Este decreto exige a una familia lo mismo que a un hotel de 300 habitaciones. Es injusto, desproporcionado y excluyente”.
Esto afectaría desproporcionadamente a mujeres cabeza de hogar, pensionados y pequeños emprendedores rurales, quienes componen la base de este ecosistema, a diferencia de los grandes hoteles que cuentan con músculo financiero y jurídico.
Ante este escenario, Asohost solicitó al Gobierno detener el decreto actual, instalar una mesa técnica nacional y diseñar una regulación gradual con un periodo de transición de al menos 24 meses.
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