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El Comité también resaltó la necesidad de radicar una propuesta integral de reformas tanto en componentes de gasto como ingresos
El Comité Consultivo de la Regla Fiscal se reunió para analizar el cierre fiscal de 2020 y el Plan Financiero de 2021, en el marco de la suspensión del cálculo paramétrico de la Regla Fiscal.
Si bien se consideró que los motivos que desplazaron los gastos de 2020 a 2021 fueron razonables, el Comité señaló que es indispensable garantizar la reducción de la deuda a partir de 2022 "en un marco amigable con el proceso de recuperación de la economía", señaló.
Asimismo, el Comité también resaltó la necesidad de radicar una propuesta integral de reformas tanto en los componentes de gasto como de ingresos, teniendo en cuenta la recuperación económica, una mayor eficiencia del gasto público, mejor focalización de los subsidios y la extensión de la red de protección social sin descuidar la suficiente movilización de recursos tributarios adicionales.
"La sostenibilidad fiscal requiere que el efecto de estas medidas genere una mejora en el balance primario del Gobierno de al menos 1,5 puntos porcentuales del PIB de manera permanente", precisó el Comité.
Dentro del encuentro destacaron las cifras del Ministerio de Hacienda que registran un déficit del Gobierno Nacional de 7,8% del PIB, cifra inferior a la que se proyectó en octubre de 2020 de 8,9%.
La entidad espera que en 2021 el déficit alcance 8,6% del PIB, superando lo estimado en octubre de 7,6%. Según explicó el Ministerio, la dinámica del déficit programado responde al aplazamiento de ciertos gastos de la emergencia 2020 a 2021; la prolongación de la pandemia y la decisión de implementar un programa de inversiones de 13% del PIB para fomentar la reactivación de la economía nacional.
Finalmente, el Comité señaló que por la pandemia, la capacidad de endeudamiento del país se ha reducido con lo que demandas adicionales de gasto tendrán que ir acompañadas de nuevos ingresos tributarios que las sustenten.
"Esta circunstancia requiere un compromiso de todos los actores de la sociedad para asegurar la coherencia entre las demandas al Estado y la suficiencia de recursos que la sociedad está dispuesta a aportar", concluyó el Comité en su reunión.
En contraste los sectores que tuvieron la menor ejecución fueron: transporte con 30,8%, seguido por presidencia con un porcentaje de ejecución por el orden de 34,3% y la Registraduría con 43,6%.
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