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Ejecutivo sigue defendiendo que el alza de 23,7% no tiene efectos inflacionarios y que la política solo beneficia al sector financiero
El gobierno mantiene su descontento con el Banco de la República tras el anuncio del ajuste de tasas a 11,25% a partir del primero de abril. Esta vez, el ejecutivo mencionó que insistirían en una nueva ley de financiamiento o en un decreto de emergencia económica.
Gustavo Petro señaló que si la serie de medidas adoptadas para contener los efectos inflacionarios (subsidios a fertilizantes, créditos a la industria y el campo y freno a las exportaciones de carne) no funcionaban, insistirá en una ley de financiamiento a propósito de los puntos propuestos en la emergencia económica de diciembre, que hoy se está suspendida.
En caso de que esto se concrete, revivirían gravámenes como impuestos a los licores, sobretasas al sector financiero y ajustes en el impuesto al patrimonio.
En cuanto a los gravámenes a bebidas alcohólicas, traería consigo un alza (de 5% a 19%) para licores, vinos, aperitivos y similares, un componente específico de $750 por grado de alcohol y ad valorem de 30% sobre el precio de venta.
La sobretasa en el impuesto de renta alcanzaría 15% y elevaría la tarifa total a 50%. En cuanto al ajuste al patrimonio, el gobierno había propuesto una tarifa progresiva entre 0,5% y 5% para patrimonios líquidos desde $2.094 millones.
Otros de los gravámenes que entrarían en consideración en una nueva ley de financiamiento está la eliminación en la exención del IVA a importaciones de bajo monto, 'minimis', de hasta US$200 y reducir el límite a US$50.
En cuanto a los impuestos que harían más gravosa las actividades extractivas, los decretos contemplaban impuesto de 1% a la primera venta o exportación de petróleo y carbón; una contribución parafiscal de 2,5% sobre la base gravable, es decir, la utilidad antes de impuestos de 2025, destinada al fondo empresarial de la Superservicios y la creación de un aporte en especie correspondiente a 12% de la energía vendida en la bolsa del Mercado de Energía Mayorista.
El ejecutivo sigue defendiendo que el incremento de 23,7% no tiene efectos de aceleración inflacionaria y que tener una política monetaria restrictiva frena el crecimiento, aleja la inversión y solo beneficia a tenedores de deuda pública y al sistema financiero.
En esa línea, afirmó que el endurecimiento monetario termina favoreciendo a bancos, fondos y aseguradoras, mientras los pobres asumen el costo a través de menores recursos para gasto social, vivienda y actividad productiva.
Morales es abogada de la Universidad del Rosario y tiene una maestría en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de París II
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