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Hasta el 11 de septiembre, el Gobierno tiene plazo para presentar la nueva reforma, que ya preocupa a los sectores y comisiones que debatirán el proyecto
El Gobierno ultima los detalles de la reforma tributaria que, por términos legales, se puede presentar en el Congreso hasta el 11 de septiembre. La propuesta ya genera incertidumbre en varios sectores, que mostraron preocupaciones por posibles nuevos gravámenes, más imposiciones a personas naturales y jurídicas, además que los denominados ingresos no laborales serían uno de los ítems que serían objeto del proyecto fiscal.
Es importante señalar que la reforma tributaria busca recaudar $12 billones para cubrir el déficit fiscal del país. Por eso varios sectores, tanto congresistas y analistas cuestionan si ese el camino adecuado, o si deberían existir otros mecanismos para recuperar esos fondos.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, explicó que ya le presentaron preliminarmente una propuesta al Congreso, y aseguró que no se va a gravar más la canasta familiar, ni se disminuirá el umbral de contribuyentes de personas jurídicas.
“No estamos cruzando líneas rojas, no estamos tocando el IVA de la canasta familiar, no bajaremos el umbral de contribuyentes de personas jurídicas en impuesto de renta. Estamos buscando los huecos donde todavía podemos controlar la evasión, en eso se concentra el proyecto”, dijo el titular de la cartera económica.
Aunque Bonilla dijo que no se tocarán las rentas laborales, las no laborales son las que se verán fuertemente afectadas por la reforma. De hecho, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ya está evaluando como gravar esos recursos.
Acá podrían entrar en cuestión, por ejemplo, las denominadas ganancias ocasionales, tales como la venta de una vivienda, un carro, o ganarse la lotería. De hecho, las casas de apuestas podrían verse impactadas por la nueva tributaria.
Sobre ese punto, el representante a la Cámara, Wadith Manzur, miembro de la Comisión Tercera, que debatirá la reforma, señaló que es un tema complejo, pues en el caso de las apuestas, hay que ver tecnológicamente cómo se medirían los flujos de dinero o ganancias en cada caso particular.
“Yo de tajo compartiría que tengan algún tipo de impuestos. Lo que sucede en este tipo de casos es que a veces hay apuestas en casas internacionales y el problema es cómo regular para que la gente no termine apostando en otras casas extranjeras. Se podrían quebrar las locales y de alguna manera terminarían favoreciendo a otras plataformas, que no tienen ningún tipo de tributación en Colombia”, explicó el congresista.
La representante a la Cámara, Katherine Miranda, también miembro de la comisión económica hizo hincapié en el impuesto sobre los denominados activos improductivos, aunque en el caso de las personas naturales no se incluiría ciertos rubros, por ejemplo, la vivienda; para las personas jurídicas hay activos que no están muy bien definidos y quedan por fuera de la base gravable.
“La Dian encuentra que las empresas declaran activos que no participan de la actividad productiva, pero sí les permite bajar la base gravable. Por tanto, deben quedar por fuera del cálculo y ser gravadas. Aunque entiendo el objetivo loable de la medida, es importante revisar los efectos que podría tener sobre la acumulación del capital en general, y el incentivo a producir si se penaliza la generación de otras formas de riqueza económica”, dijo Miranda.
La congresista destacó que si bien hay aspectos positivos, como la reducción de la tasa de renta para empresas de 35% a 30%, y a las Mipyme se les reduciría otros tres puntos porcentuales, hay puntos que requerirán de mayor análisis.
“Sobre el componente para las personas jurídicas, lo importante será revisar si la disminución de la tarifa genera a las empresas es un incentivo pues, aunque disminuye, sube la tributación mínima casi en la misma proporción en la que se reduce”, explicó la Miranda.
Los congresistas también manifestaron preocupación ante una eventual creación de nuevos impuestos y/o aumentos en tarifas, como el impuesto al patrimonio, o por ejemplo que se incremente el denominado impuesto al carbono, que podría generar encarecimientos en el precio de los combustibles.
“Temas realmente peligrosos como el impuesto al carbono, no han dicho cuánto lo incrementarían, pero el mayor aportante al impuesto al carbono, es la gasolina y el Acpm. Es decir, que estarían subiendo más el precio de la gasolina y el diésel a través del incremento, cosa que sería realmente grave, sobre todo, pues conociendo la coyuntura que estamos viviendo hoy”, declaró el representante a la Cámara, Wadith Manzur.
Algunos analistas coinciden en que la reforma tributaria se evitaría si se hiciera una reducción del gasto público, y señalan preocupación porque el mayor peso tributario recaería entre los asalariados.
“La reforma tributaria reduciría aún más el ingreso disponible de los colombianos, en especial de la clase media, lo que dificultará el ritmo del ciclo de recuperación económica. Vale la pena mencionar que las necesidades del Gobierno son superiores a las que busca recaudar en la reforma tributaria, por lo que se está incluyendo un supuesto optimista de una mayor gestión de la Dian”, dijo Juan David Ballén, director de análisis y estrategia de Casa de Bolsa.
Según José Ignacio López, presidente de Anif, si bien es necesario cubrir el billonario déficit fiscal, las medidas que se han conocido parecen insuficientes para conseguir la meta de recaudo.
“Estamos hablando de IVA a híbridos y Airbnb, entre otras apuestas para la meta, yo creo que se va a quedar súper corta esa ley de financiamiento buscando ese orden de magnitud. Recordemos que $12 billones implica realmente un esfuerzo fiscal muy importante, y probablemente estas medidas no las alcancen. Le hemos dicho al Gobierno que la gran oportunidad es presentar un presupuesto más acorde a la realidad económica del país, reducir el monto, y no verse en la necesidad de estar buscando quizás como los centavos debajo del sofá”, declaró López, quien añadió que la propuesta podría afectar el plan de reactivación.
Si bien los analistas sienten que la meta es muy ambiciosa, en el Congreso le recuerdan al Gobierno que no hay mucho margen fiscal, y la apuesta de la reforma podría costarle mucho al país, por lo que se podrían invertir esos esfuerzos en recuperar recursos a través de otros mecanismos.
“Sigo sosteniendo que el país no necesita una reforma tributaria, el Gobierno debe reducir el gasto de funcionamiento, es increíble que para 2025 haya un incremento de $5 billones en burocracia”, dijo la representante Miranda, quien pidió tener mayor austeridad.
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