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El documento en construcción registra un esfuerzo especial para la vinculación de empresas pequeñas en la compra pública y factores de regulación
El Gobierno de Gustavo Petro viene implementando cambios estructurales en diferentes frentes, uno de estos que es la política de reindustrialización que aún está en elaboración pero tiene objetivos trazados, unas medidas principales, enfoques y ciertos cambios constitucionales.
En el borrador se dieron a conocer los puntos generales de las medidas que se tomarían para la implementación. La primera es la compra pública, que se desarrollaría por medio de la agencia Colombia Compra Eficiente.
Y en este programa se propone integrar a las micro y pequeñas empresas y a la economía popular. Así mismo, se buscarían alternativas ya existentes en los tratados de libre comercio para beneficiar a las empresas locales con las compras públicas.
La participación de estas organizaciones cobra relevancia con los datos; es el tejido empresarial que más genera empleos en el país. Según datos del Dane, las microempresas, pequeñas y medianas empresas generan cerca de 40% del PIB nacional y ocupan a más de 80% de la fuerza laboral disponible.
Saúl Pineda, director del Centro de Pensamiento de la Universidad EIA y exviceministro de Desarrollo Empresarial, explicó que se celebra contar con la construcción de una política de reindustrialización que “esperemos sea un ejercicio que construya sobre lo construido y se ejecute con un claro enfoque territorial”.
“El acceso de microempresas y unidades de la economía popular a compras estatales debe complementarse con acompañamiento cercano de agencias ministeriales”.
“Desde Appce creemos que los pequeños empresarios tienen todo el potencial para atender requerimientos nacionales, regionales y licitaciones públicas”.
El experto hizo énfasis en que “se debe tener en cuenta que el acceso de las microempresas y de las unidades de la economía popular a las compras estatales, que ya cuenta con marcos regulatorios muy precisos, debe complementarse con un acompañamiento muy cercano de las agencias ministeriales para garantizar el desarrollo de una proveeduría nacional en este segmento, caracterizada por su creciente eficiencia y formalización”.
Otro factor relevante de la propuesta es la revisión de la agenda regulatoria, pues se haría “una evaluación para eliminar estas barreras de entrada que afectan la libre competencia de las actividades estratégicas identificadas bajo esta política”.
Esto se haría particularmente en las regulaciones bajo el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En esta medida también se habla de una vinculación de a pequeñas y medianas empresas y sectores de la economía popular al programa de compras estatales se ajustarán los marcos regulatorios.
Edgar Felipe Arcila, director ejecutivo de la Asociación de Pymes, Microempresas y Emprendimientos para el Comercio Electrónico (Appce), comentó que “los pequeños empresarios tienen todo el potencial para atender requerimientos nacionales, regionales y licitaciones públicas”.
No obstante, el reto, para el directivo, consiste en que los colombianos creamos en los productos nacionales. “Y los pequeños empresarios debemos estar asociados para que tengamos más visibilidad. También debemos tener claridad sobre nuestra promesa de valor para darla a conocer al Estado. Nos ponemos a disposición de las licitaciones públicas para que conozcan a los pequeños empresarios”, concluyó Arcila.
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