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La apuesta por el desarrollo económico, incluyendo a las pequeñas y medianas empresas, es uno de los ejes con foco en los territorios y el tejido empresarial
Ayer, el Gobierno nacional presentó la Política de Reindustrialización que planea implementar este cuatrienio. La principal apuesta del proyecto es transitar de una economía extractivista a una del conocimiento, productiva y sostenible.
En la misma dirección, y con los lineamientos del Gobierno en otros sectores, principalmente en términos productivos está la transición energética. Germán Umaña, ministro de Comercio Industria y Turismo, explicó que “entre 1960 y 1989 el crecimiento promedio anual del PIB fue de 4,6%. En 1990 y 2019 fue de 3,4%, pues el país decidió hacer la apertura y adoptar un esquema de estabilización de la política macroeconómica, pero se produjo una desindustrialización y pérdida de participación del PIB desde la agricultura y la industria”.
Además, el ministro explicó que una buena política industrial no solo es macroeconómica sino que debe haber acciones clave para generar ese desarrollo y lo que ha sucedido en Colombia es que se crea una brecha profunda.
Es allí donde surge la necesidad, según el Gobierno, de integrar la economía popular a la industrialización. “Genera riqueza, se incorpora a los mercados locales, regionales y, al futuro, a mercados nacionales y de exportación. Son esos territorios en donde las vocaciones productivas son diferentes. Actualmente no está incorporada a los circuitos nacionales e internacionales como debería”, resaltó Umaña.
Por esto, una de las apuestas productivas está enfocada en los territorios y el tejido empresarial; se proyecta identificar la vocación productiva de las zonas para incorporar estos puntos a las cadenas productivas y a la economía del conocimiento, pues en ese punto entra también el papel de Colombia Productiva e Innpulsa.
De hecho, durante la presentación de la política el gerente de Innpulsa, Hernán Ceballos, dijo que se trabajará en capacitación en emprendimiento y creación de empresa. “Se vienen trabajando emprendimientos de impacto que se continuarán; el segundo eje es la alianza entre universidades, empresas y Estado y se trabajarán también empresas de base tecnológica”.
En economía popular, Ceballos resaltó que “se trabajará con tenderos, reciclaje y los Centros de Reindustrialización Zasca que apoyan diseño de producto, proceso productivo, organización empresarial y crédito. El primer año se planea crear 120 Zasca”.
En materia de tecnología, Aurelio Mejía, director de Colombia Productiva, indicó que, en línea con cerrar las brechas tecnológicas entre empresas, segmentos y regiones, se desarrollarán las tecnologías institucionales que van a soportar la implementación de la política. “Buscaremos incorporar habilidades blandas en los empresarios y también habilidades duras para la transformación productiva del país”, resaltó.
La agroindustrialización y la soberanía alimentaria con la participación campesina como valor agregado es otra de las apuestas productivas. Y se suma la reindustrialización en el sector salud, en donde se apuesta por la fabricación de medicamentos.
Para llevar a cabo la política habrá al menos 30 instituciones encargadas en una matriz de instrumentos divididos en capital y financiamiento, capacidades humanas, infraestructura y tecnología, entre las cuales está el MinCIT, Sena, Innpulsa, MinHacienda, MinCiencia, entre otras. (Ver gráfico)
María Fernanda Valdés, viceministra de Desarrollo Empresarial, dijo que la construcción de esta política fue un proceso profundo con 19 expertos y expertas en conjunto con el MinCIT, pero también se contó con el MinHacienda, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y hubo diálogos regionales.
El documento aún está en proceso de expedición normativa y no ha sido publicado, por lo que no se encuentra vigente
Si bien hubo una mejora gradual, factores como la incertidumbre y la menor contratación persisten en el sector e impactan en ventas de algunos subsectores
El Ministerio de Comercio detalló que la decisión se tomó con base en unos estudios que señalaron que las importaciones de alambrón proveniente de países que no tienen convenio crecieron 9%
